El Gobierno evalúa la activación del 155
En la sala de mandos del Gobierno se trabaja en el escenario de la proclamación de la independencia y se garantiza que todo está «absolutamente» controlado. Desenterrada la carpeta que contenía el artículo 155 de la Constitución, el Ejecutivo evalúa a día de hoy las circunstancias que deben darse para activar ese precepto que permite la intervención de la autonomía, y qué consecuencias podría acarrear. Frente a la urgencia que reclama Ciudadanos, fuentes gubernamentales llaman a no perder la calma ni descuidar los pros y los contras de su aplicación. Y la primera condición que establecen es el consenso de los principales partidos.
«Tenemos preparadas todas las actuaciones y lo estamos hablando con los distintos representantes políticos, porque no es que el Gobierno aplique el 155 -puso ayer el énfasis la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría-; el Gobierno lo pide y lo aplican las Cortes Generales, concretamente el Senado». Ese el procedimiento establecido.
El apartado de la Constitución que se está estudiando concede al Ejecutivo la potestad de dar instrucciones a todas las autoridades de una comunidad autónoma si esta «atenta gravemente» contra el interés general de España o no cumple las obligaciones que le imponen la Carta Magna y las leyes. Antes de hacerse con las riendas, el Gobierno deberá formular un requerimiento al presidente del territorio en conflicto y lograr el respaldo de la mayoría absoluta del Senado.
La Cámara alta no otorga carta blanca al Ejecutivo. El Gobierno tiene que concretar las medidas que pretende aplicar y el alcance de las mismas en un escrito dirigido al presidente del Senado y que será después remitido a la Comisión General de Comunidades Autónomas. Es este órgano el que, tras escuchar las alegaciones del presidente autonómico apercibido, redacta el dictamen que se someterá a debate en el pleno.