La Fiscalía investiga un delito de odio en la expulsión policial
Descarta violencia de los agentes «grave y generalizada» el 1-O.
El presidente del PP catalán visitó a los policías. ALBERTO ESTÉVEZ
ander azpiroz | madrid
Se abre un nuevo frente judicial en torno al pulso secesionista. La Fiscalía General del Estado ha ordenado abrir una investigación con el fin de esclarecer si las supuestas presiones de ayuntamientos independentistas, de los dueños de los hoteles o de manifestantes estuvieron detrás de las solicitudes para que las fuerzas de seguridad del Estado desalojaran los alojamientos en los que se encontraban, algo que, de ser cierto, podría constituir un delito de odio y discriminación además de otros como coacción o amenazas, sostiene el Ministerio Público
Según el artículo 512 del Código Penal, incurrirán en un delito «los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía». Esto es lo que considera la Fiscalía que ha ocurrido en los municipios barceloneses de Pineda de Mar y Calella, donde, añade el Ministerio Público, se ha impedido a las Fuerzas de Seguridad realizar su cometido con escraches, primero, y las presiones de expulsión de los hoteles, después.
Los presuntos culpables, a los que la Fiscalía pide identificar con el fin de iniciar acciones legales, «incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio, por un período de uno a cuatro años», reza el Código Penal.
Justificación
La Fiscalía de Barcelona ha justificado en un escrito dirigido al juzgado la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil el pasado domingo, durante la celebración del referéndum ilegal, frente a la denuncia «genérica y espúrea» de la Generalitat de Cataluña sobre la «violencia represiva» de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El fiscal Juan Carlos Padín ha descartado la posibilidad de investigar conductas «que no se concretan y cuya afirmación va únicamente dirigida a una interesada confusión». «Las medidas adoptadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana. Afectaron sin duda a los numerosos grupos de persona que de forma irresponsable habían sido convocadas por el Govern, conocedor de la ilegalidad del acto y de las medidas judiciales adoptadas», añade el escrito.
Asimismo, relata que personas «que de forma voluntaria, concertada y coordinada se agolparon en determinados lugares de Barcelona, congregándose en sus puertas para de forma tumultuosa impedir a los agentes policiales intervinientes el cumplimiento de la resolución judicial referida».
