El Constitucional suspende el pleno destinado a declarar la independencia

mateo balín | madrid

El Tribunal Constitucional (TC) volvió ayer a entrar en escena en el proceso independentista catalán. El Pleno, formado por los 12 magistrados, acordó admitir a trámite el recurso de amparo presentado a primera hora de la mañana por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) en contra de la decisión de la Mesa del Parlament de convocar la celebración de una sesión este lunes para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, «valore los resultados del referéndum del 1 de octubre y sus efectos». Un acto que podría suponer el anuncio de la llamada declaración unilateral de independencia.

Amparado por la «urgencia excepcional» del momento, la «repercusión social y económica» y las «consecuencias políticas generales» que suponen el desarrollo de este pleno, el TC amparó a los parlamentarios del PSC y suspendió de forma cautelar el acuerdo de convocatoria de la Mesa del Parlament, decidido en una reunión celebrada el miércoles. Los magistrados resolvieron declarar «radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno cualquier acto, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada».

Asimismo, acordaron notificar personalmente la presente decisión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los diputados que forman parte de la Mesa de la Cámara catalana: Lluís Guinó, José María Espejo-Saavedra, Anna Simó, David Pérez, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet. A todos ellos les transmitió el TC su deber de «impedir o paralizar» cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y, además, les apercibió de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir si desobedecen.

Se da la circunstancia de que Forcadell y los parlamentarios en la Mesa de Junts pel Sí (Guinó, Simó y Barrufet) y el de Catalunya Sí que es Pot (Nuet) ya están siendo investigados por tres delitos por una juez de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Cataluña. La Fiscalía presentó una querella contra ellos por presunta prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos por tramitar los acuerdos de la leyes del referéndum. La magistrada María Eugenia Alegret ya tenía otra causa abierta desde febrero contra Forcadell y los tres diputados de Junts pel Sí por un delito de desobediencia.

Tras conocer la suspensión del pleno del lunes, la presidenta de la Cámara catalana lo consideró un hecho «insólito y de extrema gravedad en un parlamento democrático». «No abriremos la puerta a la censura y seguiremos trabajando para que en el Parlament se pueda hablar absolutamente de todo. Lo que pretende el TC es que la Mesa se convierta en un órgano censor, pero defenderemos la soberanía de la cámara y la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados y diputadas», respondió.