Los otros casos de sediciosos
Un alcalde huelguista, unos concejales antidesahucio, un motín carcelario o el cambio. de capitalidad de un ayuntamiento Existen al menos media docena de ejemplos.
Manifestación para pedir la libertad de Sànchez y Cuixart. T. ALBIR
Mateo Balín | Madrid
La causa abierta en la Audiencia Nacional por presunta sedición al jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, a su intendente Teresa Lapalana y a los presidente de ANC, Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos en prisión provisional sin fianza desde el pasado lunes, es la primera que podría ser juzgada en este tribunal por este delito, penado con hasta diez años de prisión.
Sin embargo, pese a no ser un tipo delictivo muy usual, el castigo a quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir» por la fuerza o fuera de la ley, entre otras cosas, el cumplimiento de la resoluciones administrativas o judiciales se ha aplicado en varias ocasiones. Así, existen al menos media docena de causas por sedición que han sido juzgadas en diferentes Audiencias Provinciales y que han adquirido firmeza en el Tribunal Supremo. En la mayoría de las ocasiones son por hechos ocurridos en los años ochenta y noventa, ya que la tónica habitual ahora es juzgar las acciones destinadas a evitar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, incluso cuando un grupo numerosos de personas recurren a la fuerza, como delitos de desobediencia, resistencia o atentado a la autoridad. Estas son las sentencias por sedición que han llegado al Supremo:
El 10 de marzo de 1978, un grupo de concejales del ayuntamiento de Huesca hicieron un llamamiento con pasquines y en los medios de comunicación para acudir al barrio de Perpetuo Socorro. Su intención era evitar el desahucio judicial de una mujer y sus tres hijos de una vivienda de protección oficial, donde vivían de alquiler desde hacía seis años y medio. Este llamamiento acabó en una denuncia del propietario de la vivienda y la apertura de una causa en un juzgado ordinario que acabó siendo juzgada por la Audiencia de Huesca por un delito de sedición. Los seis ediles fueron condenados en junio de 1979 a tres meses de prisión por incitar al alzamiento tumultuario para impedir ejecutar la orden judicial. Sin embargo, el Tribunal Supremo admitió sus recursos y absolvió a los condenados.
Un mes antes de estos acontecimientos, el 30 de enero de 1978, tuvo lugar un motín en el centro penitenciario de Torrero, en Zaragoza, durante la visita girada por diputados del Congreso para realizar una encuesta oficial sobre la situación de los internos. En los incidentes, valorados en 16 millones de pesetas (96.000 euros), perdieron la vida dos presos, un estudiante y un camarero que cumplían condenas por atracos en una gasolinera y una cafetería, respectivamente. La Audiencia Provincial de Zaragoza condenó a 18 presos por un delito de sedición a penas que oscilaban entre los tres y los diez años de cárcel. El Supremo rechazó los recursos de casación y confirmó las penas. Para ello, la sala descartó el argumento de que los reclusos se sometieron a la fuerza pública tras ser requeridos por la policía, ya que solo lo hicieron cuando acabó el motín.
Estas dos causas se unen al menos a otros cuatro procedimientos que han acabado en el Supremo con suerte dispar para los implicados. Cabe destacar el fallo del Alto Tribunal de julio de 1988 que casó la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia de Sevilla contra el alcalde de Los Corrales, quién dictó un decreto en el que ordenaba la suspensión de la actividad municipal para sumarse a una huelga general del Sindicato Obrero del Campo.