Terreno abonado
El Parlamento catalán lleva a cabo un reconocimiento simbólico de Puigdemont lo que supone el inicio de una legislatura con bronca y marcada por el riesgo de querellas contra los miembros de la Mesa.
El presidente del Parlament, Torrent, durante el pleno. DALMAU
Cuatro meses después del último pleno, que validó la proclamación de la república catalana, el Parlament recuperó ayer su actividad para aprobar una resolución que reivindica la «legitimidad» de Carles Puigdemont y del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y rechazar la aplicación del artículo 155.
Un reconocimiento y una restitución simbólica de la figura del expresidente -con la mayoría absoluta de JxCat, Esquerra y la CUP- que está muy lejos de la investidura a distancia que hubiera deseado Puigdemont y a la que los republicanos se han negado en todo momento. El gesto, sin valor jurídico, debe facilitar el desbloqueo de la legislatura con la renuncia de Puigdemont a ser reelegido presidente de la Generalitat, una decisión que acelerará con toda seguridad las negociaciones entre JxCat y ERC para formar un gobierno «autonómico» en Cataluña, presidido por Jordi Sànchez, y una estructura institucional «republicana» en Bruselas, comandada por el líder de Junts per Catalunya.
Así, el independentismo proclamó de manera solemne a través de una votación parlamentaria que la destitución del mandatario y su Gobierno mediante el 155 fue «ilegal e ilegítima» y expresó asimismo su voluntad y compromiso de «restaurar la institución de la Presidencia de la Generalitat».
Tras un debate tenso de más de dos horas, la Cámara «constató», además, que en las elecciones del 21 de diciembre una mayoría de ciudadanos respaldó a las fuerzas políticas partidarias de constituir en Cataluña «un estado independiente en forma de república». Toda una declaración de intenciones bajo el sello de la CUP.
El primer pleno de la legislatura supuso una especie de ‘déjá vu’ que retrotrajo a las sesiones de septiembre y octubre, con un hemiciclo bronco y crispado, si bien también hubo un acercamiento más cálido de los comunes al trío soberanista. A pesar del fracaso de la vía unilateral, los encarcelamientos o el 155, el secesionismo sigue sin dar su brazo a torcer y mantiene el pulso con el resto del Estado. Tanto en lo declarativo: esta resolución es un «punto de partida» hacia la república, «no retrocederemos ni un milímetro», avisó JxCat. Como también lo fue por la vía de los hechos. Torrent se estrenó en el cargo marcando distancias con Forcadell con el anuncio de que no permitiría iniciativas que pudieran provocar nuevas querellas, pero ayer tomó dos decisiones que pueden acarrearle consecuencias penales.
Torrent optó por contentar a sus socios y admitió a trámite en la reunión de la Mesa previa al pleno unas enmiendas presentadas por la CUP para ratificar la declaración de independencia del 27 de octubre, y sobre las que la Fiscalía ya había lanzado su advertencia.
Torrent pisó una segunda línea roja, al permitir el debate y votación de una referencia al 1-O.
Como protesta contra lo que se estaba votando, los diputados de Ciudadanos y PP no sufragaron la resolución de JxCat en su conjunto, mientras que el PSC evitó el voto en el punto más controvertido, que defiende también la «restitución» de las leyes aprobadas en la Cámara en la pasada legislatura y suspendidas por el Constitucional». Entre otras, las de ruptura. El partido de Inés Arrimadas anunció que acudirá al Tribunal Constitucional.