La UCO cree que Zaplana blanqueó dinero en un piso junto a la sede nacional del PP

Melchor Sáiz-Pardo | MADRID

Dicen los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que a Eduardo Zaplana le corroía una obsesión: hacer retornar a España a toda costa la fortuna que durante años había amasado en Panamá y Uruguay. Que ya no se fiaba demasiado del enjambre de testaferros y empresas interpuestas que durante años opacaron su dinero procedentes de las comisiones de la época que estuvo al frente de la Generalitat valenciana. Que temía haber empoderado a demasiada gente en la que ya no confiaba. Ante tanto temor se precipitó y empezó las «operaciones de riesgo» que al final le destaparon.

Según la información recabada por la UCO, el nudo gordiano del entramado tejido por el exministro de José María Aznar era un matrimonio íntimo amigo, al que Zaplana había convertido en testaferros de toda su fortuna, hasta el punto de que ellos, sobre el papel, eran propietarios de un emporio y el exministro y expresidente valenciano no tenía nada a su nombre. El pasado martes, ellos, Joaquín Barceló Llorens y Felisa López González, fueron los primeros detenidos en el marco de la ‘operación Erial’. Compañeros de la infancia de Zaplana en Benidorm, el expresidente, afirman los investigadores, les había confiado casi todo su patrimonio. Antes había aupado a Barceló en diversos cargos hasta llegar a la Dirección General de la Consejería de Turismo del Gobierno autonómico y, luego, le refugió como alto cargo en el parque temático Terra Mítica.

Para entonces, Zaplana ya no era presidente (se había marchado a Madrid como ministro de Trabajo), pero dejó en manos del matrimonio toda su fortuna. ¿La fórmula? Barceló y López montaron un enjambre de sociedades inmobiliarias a su nombre, nutridas de los fondos que Zaplana hacía llegar desde Panamá y Uruguay a través de sociedades interpuestas y despachos de Londres, Andorra y Luxemburgo. Los más de diez millones de euros que la UCO asegura que el expresidente se embolsó por la privatización de las ITV de la comunidad y la adjudicación supuestamente irregular de los parques eólicos acabaron en ese negocio. Aunque no solo.

La operativa completa de todo este entramado y, sobre todo, los planes para ir reintroduciendo ese dinero negro en el circuito legal español quedaron plasmados en un documento manuscrito de cuatro hojas que Zaplana olvidó empotrado en un falso techo de una vivienda que, posteriormente, vendió a un ciudadano sirio, un imán. Fuentes de la UCO sostienen que aquel papel fue entregado por el religioso musulmán a Marco Benavent, conocido por su autodefinición de ‘yonqui del dinero’, involucrado en la investigación del caso Taula sobre la financiación irregular del PP de la ciudad. Benavent dio ese papel a la Guardia Civil como muestra de su arrepentimiento en algún momento de finales de 2015. Aquel documento confirmaba la existencia de la trama, a la que empezó a seguir la Guardia Civil, pero fue sólo el pasado marzo cuando los movimientos de Zaplana le descubrieron. Volvía su obsesión por tener a su nombre el fruto de las viejas comisiones. El exministro, para intentar traer a España parte de su patrimonio, compró en marzo junto a su esposa, Rosa Barceló, un piso de 270 metros cuadrados en el número 14 de la calle Monte Esquinza de Madrid, muy cerca de la sede nacional del PP en la calle Génova. La vivienda fue valorada en más de dos millones de euros. Zaplana confió en que la venta de otro inmueble de lujo en el Paseo de la Castellana disipara cualquier recelo ante el hecho de que el matrimonio no había pedido hipoteca alguna. Pero el exministro no pensaba que la UCO ya estaba detrás de ese «audaz movimiento» para blanquear parte de su fortuna opaca. La UCO no pudo registrar ayer el piso de Monte Esquinza 14 porque todavía está en reformas. Los agentes que llevaron al exministro a Madrid sólo pudieron registrar su despacho en la sede central de Telefónica, en el emblemático edificio que la empresa tiene en la Gran Vía de Madrid.

Casi al mismo tiempo que Zaplana llegaba a la capital de España, su mujer declaraba como imputada ante el Juzgado de Instrucción 8 de Valencia. Hoy será el turno, entre otros, del exdirector general de la Policía en la época de Aznar, Juan Cotino, tío de dos sobrinos cuya empresa supuestamente pagó las comisiones por las adjudicaciones irregulares.