Pedro Sánchez recupera el diálogo

PAULA DE LAS HERAS | MADRID

No esperó a que acabara la semana. Pedro Sánchez terminó ayer su primer Consejo de Ministros y levantó el teléfono para llamar uno a uno a todos los presidentes autonómicos. Fue una primera toma de contacto que sirvió para empezar a concertar futuros encuentros. El prioritario será el que mantenga con el catalán Quim Torra. La portavoz del nuevo Ejecutivo, Isabel Celaá, lo subrayó en su estreno. «Fíjense si es prioritario —dijo— que el principal problema que existe en este momento es el de la integridad territorial». A la cita, en todo caso, se llegará sin que haya habido por ahora grandes cambios en los planteamientos del presidente de la Generalitat. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Elsa Artadi, avisó el jueves, de hecho, de que aún se plantean recuperar las llamadas «leyes de desconexión».

El Gobierno tampoco se ha movido gran cosa, aunque insista en su voluntad de diálogo. El empeño en lanzar un mensaje que permita distender la situación, sin embargo, generó ayer un notable revuelo político. Celáa anunció que, como consecuencia de la «culminación» del 155, el Ministerio de Hacienda dio instrucciones a los bancos para que permitan al Gobierno de Cataluña ordenar sus pagos sin necesidad de contar con la autorización previa del Gobierno. No es más que una consecuencia automática del fin de la intervención de la autonomía avalada por el Senado el 27 de octubre de 2017. Pero la portavoz gubernamental la presentó como un «gesto de confianza» en la normalización de la situación. El propio Gobierno de Mariano Rajoy se tuvo que afanar en explicar en su día que el acuerdo de la Cámara alta explicitaba que las medidas del 155 estarían vigentes sólo hasta la constitución del Ejecutivo catalán que resultara de las elecciones.

Los consejeros de Torra tomaron posesión el pasado sábado, el mismo día que Pedro Sánchez prometió su cargo ante el rey. Desde entonces se han ido dando los pasos para hacer efectiva la devolución de competencias. «Vamos, que han hecho exactamente lo mismo que habríamos hecho nosotros —admitía ayer un miembro del anterior Ejecutivo popular— porque es lo que corresponde hacer».

Ciudadanos no tardó en cargar contra Sánchez. «En su primera decisión, paga una de las hipotecas de su pacto con los separatistas y levanta el control de las cuentas en Cataluña. Será suya la responsabilidad de lo que Torra destine a reactivar el proceso contra nuestra democracia», escribió en su cuenta de Twitter Albert Rivera. Su reacción, con todo, no es extraña porque, tras la investidura de Torra ya exigió a Rajoy que, hubiera o no Gobierno en Cataluña, se mantuviera el 155 al menos sobre las finanzas y sobre los Mossos d’Esquadra. Lo chocante es que también el PP se apresuró a criticar en un primer momento la decisión por boca del secretario de Política Social, Javier Maroto.

El hecho de que Celaá, ministra de Educación, esté aún aterrizando en sus nuevos cometidos tampoco ayudó. La portavoz gubernamental no fue capaz de aclarar en su intervención qué ocurrirá ahora con los ingresos y gastos de la Generalitat. El pasado 15 de mayo, Sánchez y Rajoy acordaron que se mantendría un cierto grado de supervisión. En concreto, anunciaron que se volvería al control reforzado mensual que se estableció para Cataluña en 2015 y que obliga a la intervención general a remitir un certificado mensual de gastos a Hacienda. Ese control ‘a posteriori’ está vinculado a la entrega del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que reciben del Estado no solo Cataluña sino otras muchas comunidades autónomas sin capacidad de financiación exterior desde 2012.

En Hacienda sí insistieron ayer en que esa decisión —la del control mensual— se mantiene. La paradoja es que la misma medida que hace un mes reivindicó Sánchez como señal de firmeza frente a Torra fue presentada tras su primer Consejo de Ministros como guiño para «avanzar hacia la normalización». La realidad es que no hubo medidas estelares en la primera reunión de trabajo de Sánchez con su equipo de Gobierno. Ni en lo que se refiere a Cataluña ni en materia social ni en ninguna otra. Si alguien esperaba un golpe de efecto del calibre de la retirada de las tropas de Irak —la contundente decisión con la que se estrenó José Luis Rodríguez Zapatero en 2004— se equivocó. Como mucho, se puede decir que el líder socialista puso «deberes» a los suyos. Lo hizo, además, por escrito, mediante una carta en la que les instó a empezar a proponer medidas que atiendan a los principales retos del Ejecutivo, «la consolidación y modernización de la economía, el fortalecimiento de la cohesión social y territorial y la regeneración democrática», sin desmandar el gasto.

El ‘ultra’ Borrell

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se encuentra en Berlín a la espera de que la justicia alemana resuelva su entrega o no a España, cargó ayer con dureza contra el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, al que calificó de «ultra» y «radical», tanto por sus manifestaciones contra el secesionismo, cuando habló de desinfectar las heridas causadas por el proceso, como por participar en actos de Sociedad Civil Catalana, que el dirigente nacionalista también considera una organización «ultra».

«Ha tenido una actitud de irresponsabilidad política al querer crispar un debate y una situación», aseguró en Rac-1. Puigdemont arremetió también contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, y el de Cultura, Màxim Huerta, cuyos nombramientos ve «inquietantes».

En el independentismo hay opiniones de todo tipo sobre el nuevo Gobierno central que ha diseñado Sánchez. Ha generado «expectativas por encima de sus posibilidades», según opinó Puigdemont. «Si es por los perfiles de los ministros, es para salir corriendo», señaló. En cambio, Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT, tuvo palabras más amables hacia el Ejecutivo de Sánchez. «Su discurso suena bien, estamos pendientes de cómo se concreta», dijo.