Dos detenidos por su relación con el censo del referéndum
El juez investiga si la Generalitat obtuvo ilegalmente la lista de electores.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el Centro de Telecomunicaciones. ENRIC FONTCUBERTA
cristian reino | barcelona
Dos altos cargos de la Generalitat, el director del Idescat, el organismo estadístico de la administración catalana, y el jefe del gabinete técnico de la consejería de Economía, fueron detenidos ayer en el marco de una nueva macro operación policial, relacionada con la causa del 1-O.
En concreto, los registros policiales llevados a cabo a instancias del juzgado barcelonés que instruye el caso, el número 13, se realizaron en la Consejería de Economía, el Idescat, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) y la sede de la Generalitat donde se controlan los certificados de envío de correos, que se encuentra alojada en el edificio de Mediapro (pero en ningún caso eran diligencias vinculadas con la empresa, según fuentes judiciales). Los agentes buscaban pruebas sobre el origen del censo electoral utilizado en el referéndum.
Las urnas y el listado de electores fueron dos de los secretos mejor guardados por el anterior ejecutivo catalán en el proceso de organización del referéndum. Cómo se obtuvo y quién elaboró el censo siguen siendo dos de las incógnitas no despejadas hasta la fecha sobre la trama del 1-O, en la que el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha imputado a una cuarentena de personas, al margen de los procesados por el Supremo. Los investigadores sospechan que la obtención del censo del referéndum se hizo de forma ilegal por parte del anterior Ejecutivo catalán, en tanto en cuanto la lista de participantes para unas elecciones es propiedad de la administración central y ésta no se la facilitó al Gobierno catalán para la organización del referéndum, que el Constitucional declaró contrario a la ley.
El detenido de mayor rango en la operación de ayer es Frederic Udina, director del Idescat. El otro detenido es el jefe del gabinete técnico de la Consejería de Economía, Daniel Gimeno, que es quien habría recibido el fichero del Idescat.
El Gobierno catalán salió en tromba contra la operación policial y, como acostumbra, la calificó de cortina de humo para tapar la sentencia contra Iñaki Urdangarín.