El aumento del 65,6% de la inversión en Cataluña no ablanda al independentismo

p. de las heras/C. reino | madrid

El Gobierno cumplió lo anunciado. La inversión territorializada de los Presupuestos del Estado responde a las previsiones recogidas en los Estatutos de autonomía de la mayoría de comunidades que, a partir de 2006, y después de que lo hiciera Cataluña, introdujeron en sus normas fundamentales disposiciones específicas para mejorar su situación. En el caso catalán, según anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso, la inversión ascenderá al 18,5% del total estatal, una cifra que se acerca al peso del PIB autonómico sobre el nacional y que supone un notabilísimo incremento respecto a 2018 (en torno a cuatro puntos y medio).

Pero nada de eso parece haber conmovido al independentismo. Si el viernes, tras aprobar el proyecto gubernamental en el Consejo de Ministros, Montero se declaró «optimista» sobre la posibilidad de sacar adelante las cuentas en la Cámara baja con el apoyo indispensable de PDeCAT y ERC, ayer admitió que el plan de Pedro Sánchez para agotar la legislatura pende de un hilo. «A veces nos sorprenden con alguna opinión favorable, luego hay una opinión desfavorable... -dijo en relación a las fuerzas secesionistas-. Creo que vamos a estar en una situación de este tipo casi hasta el momento de la votación».

La incertidumbre será sin duda máxima hasta el 8 de febrero, la fecha tope para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas de totalidad. Si los partidos independentistas las plantean, el Ejecutivo estará contra las cuerdas porque tanto PP como Ciudadanos están más que dispuestos a tumbar los Presupuestos en el primer asalto y todos juntos sumarían más ‘noes’ que ‘síes’ a la tramitación. Pero, como la propia Montero dejó caer, la tensión podría mantenerse incluso hasta el mismo día 12, en el que está previsto el debate de totalidad. Los secesionistas no descartan, de hecho, presentar enmiendas de devolución «tácticas» para retirarlas en el el último segundo, ya en el pleno. Así las cosas, ni siquiera los diputados más veteranos el PSC, conocedores cercanos de la vida política catalana, se atreven a dar nada por sentado, entre otras razones, porque tanto en el PDeCAT como en ERC han dado ya suficientes muestras de división interna sobre la estrategia a seguir. En la antigua Convergència, por ejemplo, hay dirigentes partidarios de al menos permitir que los Presupuestos se debatan, aunque no anticipen cuál será su posición final en el debate que podría tener lugar entre el 11 y el 13 de marzo, antes de que las cuentas pasen al Senado. Algunos creen incluso que también en esa votación clave deberían optar por el ‘sí’. Pero otros sectores, formados por partidarios de Carles Puigdemont, como la vicepresidenta del partido Míriam Nogueras se niegan a hacer la mínima concesión.

En esa clima, la dirección del PDeCAT se reunió ayer en Waterloo con el expresidente de la Generalitat. Tras el encuentro, Puigdemont cargó contra Sánchez, al que incluso acusó de seguir la misma estrategia en relación a Cataluña que Mariano Rajoy, y advirtió de que si hoy puede defender unos Presupuestos es gracias a las fuerzas secesionistas, que tuvieron un «gesto» con él apoyando la moción de censura.

El expresidente catalán vinculó así el apyo del PDeCAT a las cuentas de 2019 a una doble reivindicación: la creación de una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno y el ejecutivo catalán para, bajo supervisión internacional, discutir sobre el derecho de autodeterminación y garantías por escrito de que los Presupuestos cumplirán las inversiones que anuncian. El viernes, sin embargo, Puigdemont defendió que sean los propios grupos parlamentarios y no el ‘Govern’ los que decidan su posición.

En Esquerra tampoco lanzaron ayer un mensaje halagüeño para Sánchez. Tras su ejecutiva, la portavoz del partido, Marta Vilalta, advirtió de que a día de hoy se decantan «en un porcentaje muy alto por plantear una enmienda a la totalidad del texto. El Gobierno siempre ha pensado que ERC sería sensible al carácter social de las cuentas, que contemplan un aumento de más del 40% en las ayudas a la dependencia y también en las partidas destinadas a la vivienda.