El juicio destapa la ‘fake DUI’

cristian reino | barcelona

«No tenemos que ir a defendernos de nada, vamos a acusar al Estado». Esta es la frase que más han repetido los líderes secesionistas y sus abogados en los meses previos al juicio.

Sin embargo, si algo ha quedado claro en las dos primeras semanas de la vista contra el ‘procés’ en el Supremo es que la mayoría de los procesados han intentando rebajar el alcance de lo que hicieron en octubre de 2017 y que por entonces presentaron como un proceso real hacia la secesión, que ha quedado desacreditado por ellos mismos. Ni hubo declaración unilateral de independencia, ni referéndum de autodeterminación.

Se buscaba la negociación con el Estado, han reconocido Meritxell Borràs y Dolors Bassa. Lo que se ha escuchado en la sala de vistas del Supremo no es del agrado de los dos millones de personas que acudieron a votar el 1-O, pensando que estaban a las puertas del nacimiento de un nuevo estado. Algunos de ellos ya lo habían declarado con anterioridad durante las comparecencias en la instrucción de la causa, pero la retransmisión en directo de las declaraciones de los acusados ha dejado al descubierto lo que ya habían dicho otros, como la exconsejera Clara Ponsatí, que fue quien lo verbalizó con mayor crudeza: «Ibamos de farol». Estas dos últimas semanas se han abonado a esta teoría buena parte los procesados. Lo cual deja en una situación muy complicada a Quim Torra, que repite por activa y por pasiva que tiene un mandato democrático que cumplir que surge del 1-O y del 27-O y que le obliga a hacer efectiva la república. Pura retórica si se toma al pie de la letra lo que han dicho los principales protagonistas del desafío de octubre de 2017.

Como se esperaba, las palabras que más han molestado entre la parroquia independentista han sido las de Santi Vila, consejero de Empresa y Cultura hasta la víspera de la declaración unilateral de independencia. «Nunca reconocí el 1-O como un referéndum», dijo. En la misma línea, se expresó la exconsejera de Trabajo, la republicana Dolors Bassa. «El referéndum nunca fue un acto concluyente para la independencia», dijo Bassa, que semanas atrás instó a los suyos, desde prisión, a que no dejaran caer a Pedro Sánchez. No le hicieron caso. Fue una «forma de compromiso institucional con la ciudadanía. Un acto más dentro de la legislatura», añadió. El exconsejero del Interior, Joaquim Forn, admitió que el 1-O fue «ilegal». El referéndum, así, ha quedado reducido a gran movilización y la proclamación de la república a mera declaración política, sin valor jurídico alguno.

La declaración de independencia solo fue una «expresión de voluntad política», dijeron Jordi Turull y Josep Rull ante el tribunal. «Fue una declaración política sin consecuencias jurídicas», según Meritxell Borràs. Una proclamación de la república, que según Forn, nunca se votó en la Cámara catalana, pues el texto de la DUI formaba parte del preámbulo de una resolución parlamentaria. Y el texto que votaron los diputados soberanistas, por tanto, fue el de la parte que incluía una propuesta de resolución.