Sánchez abusa del decreto ley para aprobar su programa social
La vicepresidenta Calvo argumenta que el Gobierno debe sacar al país de la «desesperanza» .
Carmen Calvo durante la rueda de prensa tras la reunión del último Consejo de Ministros. ÁNGEL CALVO
p. de las heras | madrid
Ni las críticas de la oposición ni las dificultades para ahormar una mayoría han hecho que el Gobierno reconsidere su decisión de seguir legislando hasta el último minuto antes de las elecciones, aun con el Congreso en funciones. Pedro Sánchez firmará el próximo lunes el decreto por el que quedarán disueltas las Cortes y convocados los comicios del 28 abril, pero ayer el Consejo de Ministros dio vía libre a dos decretos leyes que abordan cuestiones especialmente sensibles para el electorado progresista y que afectan a la igualdad laboral y los problemas relacionados con la vivienda. Y la semana próxima, según avanzan en el Ejecutivo, habrá más.
La estrategia de Sánchez es polémica por dos motivos. De un lado, porque, según el artículo 86 de la Constitución, los decretos leyes están reservados para hacer frente a situaciones «de extraordinaria y urgente necesidad»; para todo lo demás, el Gobierno dispone de los proyectos de ley, cuya tramitación ordinaria es lógicamente más lenta. Por otro lado, porque el Congreso ya celebró este jueves el último pleno de la legislatura, lo que significa que tendrá que ser la Diputación Permanente, un órgano interino de sólo 55 miembros (frente a los 350 diputados elegidos en las urnas), quien se encargue de convalidarlos.
En el Ejecutivo aducen que no serán los primeros en aprobar decretos leyes una vez disueltas las Cortes, pero lo cierto es que se cuentan con los dedos de la mano las ocasiones en las que otros Gobiernos se han servido de esa vía para abordar cuestiones políticas una vez activado el calendario electoral. Y tampoco ninguna administración ha usado ese instrumento con tanta fruición nunca. La de Sánchez ya lleva 29 decretos leyes (sin contar con los de ayer) en nueve meses, entre ellos, el que ordena exhumar a Franco del Valle de los Caídos.
La vicepresidenta, Carmen Calvo, argumentó, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno no entra en funciones hasta después de las elecciones e insistió en que, hasta ese momento, tiene intención de seguir gobernando «al mismo ritmo» con las únicas limitaciones que impone la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esa norma impide, por ejemplo, realizar actos de inauguración de obras públicas o hacer publicidad sobre los «logros obtenidos».
En el PSOE también esgrimen que si se ha optado por tanto decreto ley es porque el PP y Ciudadanos han llevado a cabo una oposición obstruccionista y han usado su mayoría en la Mesa del Congreso para impedir el normal funcionamiento del Parlamento. En total, enumeran hasta 50 proposiciones o proyectos de ley bloqueados con prácticas filibusteras, fundamentalmente, mediante ampliaciones de plazos de enmiendas. El pasado miércoles, el grupo parlamentario socialista presentó, de hecho, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que se denuncian esas maniobras.
«Hemos estado desde el día uno demostrando que había que sacar al país de esa especie de desesperanza en la que la gente estaba atravesando una crisis y en la que la política apenas servía para resolver sus problemas», adujo ayer Calvo. Ahora, el Gobierno necesita el apoyo de todos los grupos que respaldaron la moción de censura contra Mariano Rajoy para mantener ese discurso.