Los procesados en el caso máster se reducen a tres
Fallece Enrique Álvarez Conde, el presunto cerebro de la trama de la Rey Juan Carlos .
Enrique Álvarez Conde, en una imagen de archivo. LUCA PIERGIOVANNI
ep | madrid
El fallecimiento del exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde deja a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora del Gobierno regional María Teresa Feito como únicas procesadas en la Audiencia Provincial de Madrid por el conocido caso máster, tras la muerte del cuarto procesado.
Hace un año, el digital eldiario.es publicó la noticia que desembocó en este procedimiento judicial tras detectarse irregularidades en el máster que cursó en 2011-2012 la expresidenta regional. La exmandataria ‘popular’ se retiró de la política en abril de 2018 tras la publicación de un vídeo en el que aparecía supuestamente hurtando cremas en un supermercado.
Una vez que se dicte el auto de apertura de juicio, la causa irá previsiblemente a la Audiencia Provincial de Madrid. Si es así, se señalaría para finales de este año o principios de 2020, según han señalado fuentes jurídicas.
En su alegato de finales de febrero, la Fiscalía de Madrid considera a la exdirigente madrileña inductora de la falsificación de un acta «a sabiendas» de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) «que jamás se produjo» y que exhibió en varios medios y redes sociales «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».
El Ministerio Público le pide tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial en el denominado caso máster. El escrito de acusación se produjo después de que la juez Carmen Rodríguez-Medel concluyera la investigación y procesará a estas cuatro personas.
El fiscal señala a la docente Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la ex presidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.
Del mismo modo, consideraba a Álvarez Conde coautor indirecto del delito y le reclamaba tres años y nueve meses de prisión mientras que para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito solicita otros tres años y tres meses de prisión. Al fallecer, su responsabilidad penal se extingue.
En cuanto a las multas, la Fiscalía pedía para Álvarez Conde y para Cifuentes sigue solicitando 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.
El escrito de acusación ubica a cada uno de los acusados en el cargo que desempeñaba cuando se produjeron los hechos. Así, detalla que Álvarez Conde era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, ubicado en Vicálvaro.
Otra de las acusadas, María Teresa Feito Higueruela, era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC. Y Cristina Cifuentes desempeñaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras que Cecilia Rosado trabajaba como personal laboral en la misma URJC.