Torra se ofrece para declarar el 15 de mayo por los lazos amarillos
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, tendrá que declarar como investigado el 15 de mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de desobediencia. El pasado 27 de marzo, la Fiscalía presentó una querella contra el jefe del Ejecutivo catalán por un presunto delito de desobediencia a las resoluciones dictadas por la Junta Electoral que le obligaban a retirar los lazos amarillos y las pancartas a favor de los presos secesionistas de los edificios de la Generalitat durante el periodo electoral.
Tras la querella, el alto tribunal catalán admitió a trámite la denuncia, abrió diligencias y ahora ha citado aTorra para que dé su versión de los hechos. «Estamos en el lado correcto de la historia. Defenderemos nuestros derechos individuales y colectivos hasta las últimas consecuencias», advirtió el presidente en un tuit.
Torra acabó acatando la orden de la Junta Electoral y de hecho en estos momentos no hay ninguna pancarta sobre los presos y lazos amarillos en los edificios de la Generalitat. Pero el dirigente nacionalista tomó la decisión de retirar la simbología, que la Junta Electoral consideraba partidista y contraria a la neutralidad en periodo electoral, tarde, días después, de ahí que el Ministerio Público presentara la querella.
Hasta la fecha, Torra había amagado con la desobediencia. Había amenazado con hacer efectiva la república o recuperar las leyes catalanas suspendidas por el Tribunal Constitucional en la pasada legislatura, pero no había traspasado la línea roja que separa la retórica de los hechos. De confirmarse que desatendió una orden de la Junta Electoral podría llegar a ser condenado por un delito de desobediencia, lo que supondría su inhabilitación como presidente de la Generalitat.
En la querella de la Fiscalía, se le acusa de haber incumplido, «consciente, abierta y reiteradamente», lo decidido por la Junta Electoral Central en sus acuerdos del 11 de marzo y de 18 marzo 2019, que le ordenaban la retirada de las banderas no oficiales y de los símbolos que pudieran exhibirse en cualquier edificio público de la Generalitat, bajo la advertencia, de que incurriría en responsabilidades administrativas y, en su caso, penales. El 21 marzo, después de constatar el «flagrante incumplimiento» por parte de Torra de las órdenes que le fueron comunicadas por la Junta Electoral, este organismo ordenó al consejero de Interior de la Generalitat que instara a los Mossos d’Esquadra a retirar la simbología. Además puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado.