¿Puede un gobierno en funciones actualizar las pensiones?

Madrid, 8 oct (EFE).- Una de las primeras promesas que el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha avanzado para el 10N es la de actualizar las pensiones con el IPC real en diciembre, pese a que es posible que para entonces todavía no haya logrado formar Ejecutivo, si gana los comicios.

Si no se toma ninguna medida antes, las pensiones subirán el 0,25 % a partir el 1 de enero de 2020, tal y como establece el índice de revalorización de las pensiones (IRP) que introdujo la reforma de 2013. De hecho, fue posible incrementar el 1,6 % en 2018 y 2019 porque la subida se aprobó mediante real decreto ley.

El anuncio de Sánchez, realizado este lunes durante la presentación del avance de los compromisos electorales del PSOE para las generales, ha suscitado un debate en torno a la posibilidad de aprobar esta medida.

SÁNCHEZ: "Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones en torno al IPC real".

El presidente reiteró su propuesta horas más tarde, en una entrevista en Antena 3, donde preguntado por si subiría las pensiones aún estando en funciones, respondió: "Lo subiremos y, espero ya, con un gobierno en plenas capacidades".

Sin embargo, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado 20 de septiembre, fuentes gubernamentales advertían de que este tipo de medidas sólo pueden adoptarse con el Gobierno investido y en plenas funciones.

Desde el PP, varios dirigentes han criticado este martes la promesa del líder socialista. El propio presidente del partido, Pablo Casado, ha juzgado el anuncio "demagógico y electoralista", si bien ha precisado que su formación apoyaría esa subida cuando llegara al Congreso si Sánchez decide aplicarla mientras se encuentra en funciones.

Para la número dos del PP al Congreso por Madrid, Ana Pastor, el asunto de las pensiones tiene que ser "un gran acuerdo de Estado" y hay que convocar el Pacto de Toledo, que es el marco en el que los partidos debaten sobre esta cuestión.

¿PUEDE ACTUALIZAR LAS PENSIONES UN EJECUTIVO EN FUNCIONES?

Sí, mientras el Gobierno cuente con un informe favorable de la Abogacía General del Estado.

Hay dos vías por las que la revalorización de las pensiones anunciada por Sánchez -medida que hasta ahora nunca ha sacado adelante un ejecutivo en funciones- puede ser una realidad en diciembre:

1.- Que el PSOE gane las elecciones y logre formar gobierno en diciembre.

Si el PSOE logra una mayoría suficiente para gobernar en solitario o pactando con otras fuerzas políticas podría formar su Gobierno en diciembre. Las Cortes Generales, ahora disueltas, volverán a constituirse el 3 de diciembre y, a partir de ese momento, podría celebrarse la sesión de investidura para designar presidente a Sánchez. En este caso, el nuevo Ejecutivo socialista podría aprobar un real decreto ley para actualizar las pensiones en pocos días.

La subida entraría en vigor antes de enero, pero eso no impediría que el real decreto fuera revocado posteriormente por el Congreso si el PSOE no tiene una mayoría sólida, ya en los primeros meses de 2020.

2.- Que el PSOE gane las elecciones y no logre formar gobierno en diciembre.

Si, pese a ganar el 10-N, Sánchez no logra formar gobierno en diciembre, todavía tiene la posibilidad de aprobar un real decreto ley para actualizar las pensiones. El Gobierno tendría que argumentar la urgencia de esa subida y, sobre todo, contar con el informe favorable de la Abogacía del Estado.

Aunque en España no hay precedentes para una actualización de las pensiones, un Ejecutivo en funciones puede recurrir al artículo 21.3 de la Ley del Gobierno, que le faculta para adoptar medidas distintas del "despacho ordinario de los asuntos públicos" en "casos de urgencia debidamente acreditados" o "por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique".

Lo que ocurre es que, antes de aprobar para ello un real decreto ley, debería solicitar un informe a la Abogacía del Estado. Aunque no sea vinculante, el Gobierno se atendría a las conclusiones de ese informe.

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por EFE precisan que el Gobierno no ha solicitado ningún informe sobre las pensiones a la Abogacía ni tiene previsto pedirlo antes de elecciones.

En definitiva, esté o no el Gobierno en funciones, la subida de las pensiones solo podría aprobarse en diciembre vía real decreto ley. Si el PSOE vence en los comicios pero en diciembre todavía no sabe si contará con los apoyos necesarios para formar gobierno, su grupo podría presentar una proposición de ley en el Congreso para actualizar estas prestaciones, pero la tramitación se prolongaría hasta los primeros meses de 2020, incluso por el procedimiento de urgencia.

EXPERTOS, A FAVOR Y EN CONTRA

Aunque legalmente sea posible, hay expertos que consideran inconveniente que un Gobierno en funciones apruebe una subida de pensiones. Es el caso del catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares, miembro del grupo de sabios al que el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) encargó un informe para reformar el sistema de pensiones.

"Por limpieza democrática", un Ejecutivo "absolutamente provisional, en espera de una próxima renovación, no debería adoptar esta medida", sostiene este economista.

Decisiones de este tipo corresponden a un Gobierno con plenas facultades, que puede actualizar las pensiones tres meses más tarde con efectos retroactivos, argumenta Lagares, escéptico sobre la urgencia o el interés general de una medida como esta.

Lagares es, en cualquier caso, contrario a ligar las pensiones con el IPC, una decisión "perniciosa", que a su juicio introduciría un "factor perturbador" y supondría una "carga excesiva" para el sistema.

Por el contrario, Santos Ruesga, doctor en Ciencias Económicas y miembro también del comité de expertos sobre las pensiones, defiende una medida que cree viable desde el punto de vista financiero porque no alteraría "los ejes fundamentales" de los Presupuestos Generales del Estado de Rajoy prorrogados por el Gobierno socialista.

Este experto se remite a estimaciones de IPC para 2020 que lo sitúan en torno al 1,1 % y subraya que la actualización de las pensiones no añadirían una "carga excesiva", ya que el coste sería en su opinión de 800 millones de euros.

En todo caso, aún no hay previsiones oficiales de IPC para 2020. El último escenario macroeconómico presentado por el Gobierno a la UE situaba en el 1,4 % durante ese año el indicador más parecido para medir la evolución de los precios, que es el deflactor del consumo privado, pero el Ejecutivo debe actualizar sus previsiones a mediados de noviembre.

Ruesga opina que un Gobierno en funciones podría aprobar la subida con un real decreto ley siempre que justificara su urgencia. Y apunta la posibilidad de regular la actualización con efectos retroactivos a partir del 1 de enero, con un Ejecutivo ya constituido, como ya hizo en su día Rajoy.

FUENTES:

- Ley del Gobierno. 27 de noviembre de 1997.

- Fuentes del Ministerio de Trabajo.

- Catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares.

- Doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Economía de la Universidad Autónoma Santos Ruesga.