La cumbre guiará el cambio de la Ley de Extranjería del Gobierno

José María Aznar cree contar con el apoyo del presidente francés, Jacques Chirac, para aprobar -con algunos retoques- la propuesta española y a la que Francia y Suecia habían puesto reparos. Fuentes cercanas a Aznar aseguran que la consiguiente reforma de la Ley de Extranjería no será muy amplia, aunque establecerá mecanismos para su adaptación progresiva a la realidad del fenómeno migratorio. En la gira de capitales previa a la celebración del Consejo, el presidente de la UE constató la existencia de un consenso básico para aprobar el plan global de lucha contra la inmigración, a expensas de pequeños cambios en la redacción del apartado que contempla la posibilidad de que los Quince se reserven el derecho de suspender los acuerdos de cooperación con terceros países que, de forma sistemática, se nieguen a colaborar en la lucha contra le inmigración ilegal. Aznar asegura que Chirac, a quien visitó el pasado martes por la noche, le garantizó su disposición a buscar «una fórmula de acuerdo», siempre que los otros socios comunitarios acepten la introducción de algunos matices en la propuesta que también ha exigido Suecia. El presidente español destacó, sobre todo, el hecho de que ya existe una voluntad común de afrontar el fenómeno de la inmigración con todas sus consecuencias a pesar de que para ello sea preciso tomar algunas decisiones que, en ocasiones, pueden ser «incómodas». Entre las medidas que pueden resultar molestas se incluye también la política de visados, que va a establecer el Consejo como uno de los instrumentos claves en el control de flujos y que pasa por el establecimiento de un documento común y único para todos los países de la Unión. Además, las conclusiones de la cumbre incluirán la necesidad de una revisión periódica de la lista de países a los que se exigirá el eurovisado y se aplicará esta exigencia a los lugares de donde se haya detectado que proceden el mayor número de extranjeros que se quedan en el territorio comunitario en situación ilegal. Fuentes gubernamentales aseguraron que desde Colombia salían hacia la UE ocho vuelos semanales hasta que se estableció la exigencia de visado, que rebajó el número de aviones a dos a la semana. La política de inmigración que nacerá en Sevilla se asienta sobre el principio de que «la legalidad es la base de la integración» y prevé el establecimiento de medidas que, a medio plazo, deberían dar como resultado la resolución de los problemas que plantea este nuevo fenómeno. El Gobierno español cree que las consecuencias que trae consigo una política de pasividad pueden llegar a ser muy negativas y, en su opinión, afectan a la seguridad ciudadana e incluso pueden amenazar a la incipiente recuperación económica.