La oposición denuncia que Aznar segrega a estudiantes problemáticos

El partido en el Gobierno tendrá que hacer un gran esfuerzo a la vuelta del verano para no quedarse solo y conseguir sumar apoyos parlamentarios a la Ley de Educación. PSOE e IU la rechazan de manera frontal y las formaciones nacionalistas consideran que «invade competencias autonómicas», por lo que se plantean recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, tal y como ya ha anunciado CiU, a través de su secretario general, Josep Antoni Duran Lleida. El Partido socialista insistió ayer en sus reproches al hecho de que el Gobierno diera el visto bueno a su reforma educativa, la mayor y más profunda de las emprendidas en España desde los años 90, sin precisar su financiación. La secretaria de Educación, Universidad, Cultura e Investigación del primer partido de la oposición, Carmen Chacón, aseguró ayer que la ministra de Educación, Pilar del Castillo, no ofreció la memoria económica del proyecto porque es una ley «raquítica, claramente insuficiente y escandalosamente dirigida a beneficiar a la escuela privada». Informe económico Chacón, que compareció ante los periodistas en Ferraz, exigió a la ministra que facilite a la comunidad educativa el contenido del informe económico que establece cuánto cuesta la reforma educativa y a quién y qué sector se destina ese dinero. Conminó a la ministra a asumir este compromiso y a «bajarse de la irresponsabilidad y de la ilegalidad» que, a juicio de la dirigente socialista, caracterizan la Ley de Calidad de la enseñanza. La portavoz del PSOE en materia educativa advirtió a la opinión pública de que se trata de una iniciativa «profundamente segregadora», auspiciada y promovida por un Gobierno que lleva a cabo una política «antisocial y renuncia a prevenir el fracaso escolar mediante la marginación, a partir sólo de los 12 años, de los niños que presentan problemas y dificultades». Chacón fue incluso más lejos en sus aseveraciones contra la ley del Gobierno y recalcó, sin ambages, que el llamado cuarto itinerario o de «iniciación profesional» está diseñado de tal forma que convertirá en «fracasados escolares» a adolescentes de apenas 15 años. En tono similar, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares remarcó que, bajo su criterio, esta reforma educativa tiene como objetivo prioritario «garantizar mercado a la enseñanza privada». Llamazares afirmó en Humilladero, localidad malagueña gobernada por IU, que, lejos de buscar mejorar y garantizar la calidad de la enseñanza, la norma supone una contrarreforma para «segregar a los hijos de los trabajadores, y que no lleguen a la universidad». Argumenta Llamazares que tanto la Ley de Calidad como el «decretazo» sobre la reforma laboral evidencian el giro conservador o «derechazo» del PP que, a su entender, se sitúa en contra de la opinión mayoritaria de los ciudadanos, los trabajadores, los estudiantes y la comunidad educativa.