El Gobierno asume al final el plan de Díaz para una cesta de alimentos asequible

Yolanda Díaz ha vuelto a ganar una batalla en el seno del Gobierno. Pese a las reticencias de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, las resquemores del ministro de Agricultura, Luis Planas y las dudas manifestadas por miembros del PSOE como su portavoz parlamentario, Patxi López, la ministra de Hacienda y número dos del partido, María Jesús Montero, se mostró ayer conforme con la propuesta en los términos en los que finalmente ha empezado a trasladarse a las grandes distribuidoras.

Montero afirmó que, una vez ha quedado claro que lo que pretendía Díaz no era imponer límites a los precios de los alimentos sino, en línea con la iniciativa llevada a cabo en 2012 por Nicolas Sarkozy en Francia, alentar a los supermercados a que «de forma voluntaria» ofrezcan a los consumidores una cesta de alimentos básicos de calidad a precios limitados, el asunto ha quedado «encauzado». Pero no se ahorró un tirón de orejas a la vicepresidenta segunda por su modo de plantear la cuestión.

La ministra de Hacienda, mujer de confianza de Pedro Sánchez, evitó emplear el tono airado con el que en la víspera había atacado a Díaz la ministra de Defensa, Margarita Robles, que llegó a acusar a la vicepresidenta de querer «patrimonializar» la atención a los vulnerables. Sin embargo, como esta, le afeó que hubiera ido por libre al anunciar una iniciativa de semejante calado. «Tenemos que tomar nota de que cuando una propuesta se pone encima de la mesa tiene que tener suficiente consenso y explicación», dijo en la Ser tras días de intenso debate.

Díaz no sólo no había planteado previamente a los socialistas la iniciativa que ahora está intentando promover junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón (IU). Tampoco en Podemos estaban al tanto cuando habló por primera vez de ella el pasado fin de semana en ‘eldiario.es’. El socio mayoritario de la coalición de Gobierno cree que, como ocurrió cuando este verano reclamó una reunión de la comisión de seguimiento del pacto de coalición por la aprobación de un incremento del gasto en Defensa, la ministra de Trabajo busca marcar perfil propio como candidata electoral y alimentar la gira de su proyecto Sumar, que este viernes recaló en Bilbao.

Sánchez, que tras el varapalo sufrido por su partido en las andaluzas de junio decidió escenificar un giro a la izquierda y presentarse como defensor de la «clase media y trabajadora» frente a los «poderosos», ha optado en esta ocasión por amortiguar el ruido interno dejando a Díaz hacer. Pero eso no significa que el ala socialista del Gobierno no siga encontrando pegas a la idea de promover un acuerdo entre las distribuidoras. De hecho, los avisos del ministerio de Economía sobre la necesidad de dejar funcionar a la libre competencia se produjeron el jueves cuando Díaz y Garzón ya habían explicado, tras reunirse con el director ejecutivo de Carrefour, los pormenores del plan que Montero dio ayer por bueno. También Luis Planas volvió a expresar sus reparos casi en paralelo a los intentos de la ministra de Hacienda por echar agua al fuego.

El ÉXITO DE LA VICEPRESIDENTA

El titular de Agricultura insistió, por un lado, en que las cuestiones que atañen a los alimentos son competencia de su ministerio. Pero además remarcó que no es ni razonable ni legal «fijar precios o indicarle precios a la distribución». Es una cuestión que tiene que hacerse de acuerdo con las reglas del funcionamiento de la sociedad de nuestro mercado y de las reglas de la propia Unión Europea», adujo en Aragón TV.

Con el beneplácito de Sánchez ya claro, la vicepresidenta segunda replicó de nuevo que lo que afecta al «bolsillo» de los ciudadanos es competencia de todo el Gobierno y se mostró ufana.

«Se ha visto que la iniciativa era posible, tan posible como que una gran cadena multinacional ya se ha sumado», presumió en alusión a Carrefour.