PSOE y PP dan a la Comisión de Venecia dos interpretaciones diferentes a la ley

La ley de amnistía se someterá durante 48 horas al escrutinio de siete juristas independientes enviados por la Comisión de Venecia para analizar a fondo la propuesta con la que el Gobierno pretende la despenalización íntegra del ‘procés’. Una visita que se produce a raíz de una petición «urgente» por parte del Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta, de un dictamen no vinculante sobre la elaboración de la norma, que en el primer partido de la oposición consideran un «atropello» a la separación de poderes.

«Su presencia en España responde a la evidente preocupación que hay en Europa por la tramitación de la ley», defendió este jueves la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo.

El PSOE, por su parte, minimizó el impacto que pueda tener este informe y recalcó que el objetivo de la ley, que sigue todavía en proceso de negociación, es apostar por la «convivencia» e «intentar desjudicializar la política y dar una vida política a los conflictos políticos». Los socialistas aseguran, en cualquier caso, estar «tranquilos» con lo que la Comisión de Venecia pueda decir e insisten en que el órgano, dependiente del Consejo de Europa, no entrará al fondo de la normativa. «No van a juzgar su idoneidad, sino si los trámites se están cumpliendo», zanjan.

La agenda de la delegación europea se inició con una reunión en el Ministerio de Justicia con Félix Bolaños, quien ofreció toda la colaboración que necesite para llevar a cabo su trabajo así como su disposición a «resolver cualquier cuestión que quieran plantear durante el proceso de debate y tramitación del texto». Para Moncloa, la visita del comité de expertos «es una gran oportunidad para explicar la importancia de la ley de amnistía para abrir una nueva etapa de entendimiento y su plena conformidad con la Constitución y el Derecho de la Unión Europea». Tras la cita en el Ministerio, los siete juristas pusieron rumbo al Congreso donde fueron recibidos por su presidenta, Francina Armengol, antes del encuentro programado con la Mesa y los portavoces de la Comisión de Justicia. Una cita que duró dos horas y en la que los comisionados pudieron escuchar las interpretaciones contrapuestas que los grupos parlamentarios hacen de esta norma. «Lo que está en juego no es la convivencia en Cataluña sino la vigencia del Derecho en España», afirmó Álvarez de Toledo. «Se trata de una transacción corrupta que condenaría no solo a España sino a Europa», insistió. Vox coincide con el PP en que no hay ninguna duda de que la ley «es contraria a los principios constitucionales y al Estado de derecho».

En esta primera toma de contacto, los comisionados fueron informados de los textos elaborados por los servicios jurídicos de la Cámara, aunque no pudieron hablar como habían solicitado con su letrado mayor, Fernando Galindo, después de que la Mesa, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, rechazara la petición de reunirse.