Aduce que todo su contenido, no sólo la subida de las pensiones, favorece «a la mayoría social»
Sánchez no se apea de su ómnibus
El presidente del Gobierno reta a Puigdemont y Feijóo y rechaza trocear el decreto ley
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, este viernes.
Pedro Sánchez se resiste a trocear el real decreto ley ómnibus que el pasado miércoles decayó en el Congreso para salvar solo la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte público u otras medidas, como la ampliación de las ayudas a los afectados por la dana, que cuentan con el respaldo de Junts y del PP. El presidente del Gobierno argumentó ayer que todas las iniciativas recogidas inicialmente en el texto, de más de 140 páginas y más de cien artículos sobre temas variados, deben ver la luz. «Creo que hay que apelar a la responsabilidad, a que reconsideren su posición y a que permitan la aprobación de un real decreto ley que es en favor de la gente, no de ninguna minoría, sino de la mayoría social de nuestro país», esgrimió.
Sánchez respondió así, durante un acto en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), tanto a Carles Puigdemont como por Alberto Núñez Feijóo. Uno y otro le instaron la víspera a convocar un Consejo de Ministros cuanto antes a fin de dar tranquilidad a los pensionistas, a los usuarios del transporte público y (en el caso del PP) a los valencianos, en lugar de cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de la incertidumbre que ahora arrostran o el «dolor» que, en palabras del propio presidente del Gobierno, pueden estar padeciendo.
La situación en la que se encuentra el Gobierno es políticamente endiablada. Sus dificultades para mantener bien engrasada la heterogénea mayoría de la investidura han sido siempre evidentes, pero ahora la duda es si esa mayoría sigue existiendo.
Además de la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte, que nadie rechaza, el decreto ley ómnibus incluía otros asuntos ‘a priori’ poco conflictivos —pero, según Junts, no negociados— como fondos para ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones; deducciones fiscales para la eficiencia energética de las viviendas o la compra de coches eléctricos y normas para el nuevo impuesto a la banca o para evitar opas de capital extranjero sobre empresas estratégicas (como Talgo). Pero también la cesión al PNV del palacete de París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio, a la que se opone el PP, y una prórroga del escudo social —la suspensión de los desahucios y el corte de suministros básicos a los colectivos vulnerables que los de Puigdemont y los populares ven como apoyo a la ocupación y a las que los socios del Gobierno a la izquierda del tablero se niegan a renunciar. En esa encrucijada, Sánchez, que ha hecho de su capacidad de resistir presiones una seña de identidad, ha optado por llevar al límite los pulsos, ahora convergentes, con el primer partido de la oposición y el expresidente catalán.
La posibilidad de celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para volver a aprobar de inmediato la revalorización de las pensiones llegó a estar el mismo miércoles sobre la mesa, pero el Gobierno acabó optando por poner en marcha una estrategia de desgaste al PP. «¡Solo falta que el Gobierno de España haga el decreto que le dicte la oposición!», dijo ayer de forma gráfica el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en Onda Cero. López sí ofreció con sorna al PP sacar del real decreto ley ómnibus un único asunto, el referido al palacete del PNV, que según los nacionalistas vascos, en realidad, ya ha sido traspasado. Pero nada más. Ahora queda por ver si alguna de las partes cede. Como el PP, Junts presentará su propia iniciativa si el Ejecutivo no se mueve.