El Gobierno se reafirma en su intención de vetar las iniciativas de Sumar, UP y el PP para dejarlo exento
Las cruzadas de poder de Sánchez
Montero y Díaz prolongan el pulso por la tributación del nuevo salario mínimo

Javier Cebollada
El debate se centra ahora entre la vicepresidenta primera y la segunda, Yolanda Díaz, a cuenta de la tributación por IRPF del SMI, tras la subida a 16.576 euros anuales y su tributación. Apenas quedan diez días para que expire el plazo de que dispone el Gobierno si pretende reclamar a la Cámara baja que frene la tramitación de los textos amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución y los socialistas aseguran que la decisión de ejercer ese derecho de veto está tomada. Puede ser esta misma semana o la siguiente; lo que, según fuentes gubernamentales, es más probable. Pero, insisten, se hará. Esa mera decisión recrudecerá el choque entre los socios de coalición. Que el Gobierno vete no significa que el órgano de gobierno de la Cámara baja tenga que aceptar de manera automática su criterio. El PSOE pone en duda que Sumar esté dispuesto a hacer pinza con el PP. Pero la ministra de Trabajo ya ha dejado claro que, en este tema, esa coincidencia no le inquieta. El hecho de que Podemos, su principal rival electoral, presione en la misma dirección no es sino un acicate para que Díaz mantenga el pulso al PSOE, como ya hizo en la negociación de la reducción de la jornada laboral. En los últimos tiempos, la vicepresidenta segunda —que siempre fue una aliada menos belicosa para Sánchez que Pablo Iglesias, al que sucedió en el cargo la pasada legislatura por deseo expreso de este antes de su traumática ruptura— ha ido marcando de forma acusada perfil propio y no se ha ahorrado el tono duro. Llegó a cuestionar la bonhomía del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por intentar modificar el acuerdo al que ella había llegado con los sindicatos para imponer la jornada laboral de 37,5 horas.