Cerdán, a prisión

El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública que se investiga en el ‘caso Koldo’, atribuyéndole delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, al considerar que ejercía un rol de cierta «preeminencia» en las supuestas corruptelas. El instructor, Leopoldo Puente, explica en su auto que hay «indicios bastantes» para considerar que Cerdán, junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García, «en compañía y con el auxilio de terceros, podrían haber conformado una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública».Sitúa el origen en Cerdán y Koldo, que «habrían mantenido una suerte de trama, vinculada a la empresa Servinabar», pero indica que, cuando Ábalos llegó a Transportes, éste designó a García como asesor suyo, «precisamente a instancia» de Santos, «con el compartido propósito de, aprovechando la condición del ministro, canalizar indebidamente determinadas obras públicas licitadas en el marco de dependencia correspondiente al Ministerio», sobre todo en Carreteras y Adif. «Sirviéndose del mismo método que Koldo y Santos habrían desarrollado previamente a menor escala, se procedió a la indebida adjudicación de ciertas obras, a cambio de un precio, precisamente en favor de Acciona Construcciones en UTE con terceras empresas de mucha menor envergadura», «sin que en ninguno de los casos la adjudicataria presentara la mejor oferta económica», relata. Todo ello, se ejecutaría mediante un «reparto de papeles» para «aprovechar de manera estable cuantas oportunidades se presentaran para cometer los sucesivos delitos». Así, afirma que Cerdán «se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacia llegar después a Ábalos y García». «Mantendría con éstos últimos una relación vertical, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos», dice. De Ábalos, indica que, «en su condición de ministro», desplegaba su «influencia», «encomendando la gestión concreta de las adjudicaciones a su asesor», quien «se interesaba personalmente, en contacto directo y frecuente con el director general de Carreteras y con la presidenta de ADIF» por las adjudicaciones. Puente sospecha que «más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado» calculando que el «botín» podría ser de 5 millones de euros. Y cree que Cerdán podría tener un «conocimiento privilegiado» de todo por su supuesto papel principal, concretamente de circunstancias que las pesquisas aún no han logrado esclarecer, lo que le lleva a apreciar un riesgo de destrucción de pruebas por el que le envía a prisión. El magistrado avala las conversaciones grabadas por García entre 2019 y 2023, en las que intervenía junto a Cerdán y Ábalos, y que éstos han cuestionado, al descartar que pudieran «haber sido manipuladas, alteradas o simuladas», desechando igualmente que Koldo fuera un «agente encubierto». Hace hincapié en que su contenido «resulta en extremo elocuente»: «Tanto que en una de ellas el propio Santos reprocha a Koldo con insistencia que de esos temas no se habla, se escriben en un papel y se rompe». Destaca que «no son consecuencia de una intervención judicial», «sino que fueron halladas en poder de uno de ellos, quien habría resuelto, por algún motivo no difícil de imaginar, grabarlas primero y conservarlas después». Además, menciona su «inequívoca vinculación» con Servinabar, «que resultó adjudicataria de ciertas obras públicas, pese a sus mínimas dimensiones y nula experiencia.

El juez sospecha que más personas físicas o jurídicas se lucraron y calcula un botín de 5 millones de euros