La justicia ordena investigar si Sánchez debió abstenerse en el rescate a Air Europa

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha comunicado a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) que está obligada, por sentencia firme, a investigar si Pedro Sánchez debió abstenerse en el debate por el rescate a Air Europa dado el mecenazgo de la aerolínea a las actividades profesionales de su mujer. La resolución ya ha sido notificada a este organismo, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López, ante el cual denunció este caso el Partido Popular. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha acordado declarar firme la sentencia que dictó el pasado junio en la que ya zanjó que la Oficina de Conflictos de Intereses debía indagar sobre este asunto.

El origen de esta denuncia es que el el Consejo de Ministros, con la presencia de Sánchez, aprobó en noviembre de 2020 una ayuda de 475 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la Sepi, para rescatar a la aerolínea de la familia Hidalgo, al borde de la quiebra a consecuencia de la pandemia. Para ese momento, Begoña Gómez mantenía un contacto estrecho con Javier Hidalgo, ceo de Globalia, matriz de Air Europa. Y ello, porque Wakalua —una sociedad de promoción turística de Globalia— había accedido a patrocinar el África Center del Instituto de Empresa (IE), una entidad casi desconocida que Gómez dirigía desde agosto de 2018. Es decir, solo semanas después de que su marido alcanzara la Presidencia del Gobierno. Los magistrados han dado firmeza a la orden a la Administración para que indague el conflicto de intereses en el caso de Air Europa después de que transcurriera el plazo de 30 días para presentar recurso de casación ante el Supremo y no constase actuación alguna. En junio el TSJ madrileño concluyó que la Oficina de Conflicto de Intereses debía proceder «a la tramitación de la denuncia» del PP «con una actividad de investigación al respecto». «Y una vez realizado, se dictará la resolución procedente, que puede ser el archivo de las actuaciones si resulta así, pero en todo caso, ha de adoptar una decisión motivada y pronunciarse sobre las pruebas solicitadas", añadía. El tribunal apuntó también que el PP estaba legitimado para presentar dicha denuncia y para impugnar el archivo, toda vez que no se llevó a cabo «una actividad investigadora mínima para adoptar una decisión». Dos reuniones En su momento, el Partido Popular alegó que, de acuerdo con la ley reguladora del ejercicio de alto cargo de 2015, Sánchez tendría que haberse apartado de las reuniones del Consejo de Ministro del 3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021 en las que se aprobó el rescate y otra ayuda a la aerolínea. El partido de Alberto Núñez Feijóo acudió a la justica porque en un primer momento la OCI dio carpetazo de manera automática a la denuncia del PP amparándose simplemente en un informe de la Secretaría General de la Presidencia que afirmaba que Begoña Gómez no había mantenido una relación laboral o profesional con Globalia, rechazando indagar más sobre el asunto.

El Consejo de Ministros, con la presencia de Sánchez, aprobó en noviembre de 2020 una ayuda de 475 millones de euros