El Gobierno: es un intento de «derribar» al Ejecutivo
La ministra portavoz muestra su confianza en que instancias superiores revoquen la sentencia de la Audiencia Provincial y defiende la "inocencia" del músico
Pedro Sánchez con su esposa, Begoña Gómez.
El propio Pedro Sánchez adelantó hace unas semanas, en el pleno del Congreso sobre los casos de corrupción que salpican al Gobierno, cuál sería su interpretación en caso de que la Audiencia Provincial considerara a su hermano, el músico David Sánchez, culpable de un delito de prevaricación administrativa. Y este martes, conocida la sentencia que lo inhabilita durante nueve años para el ejercicio de cargo público y con el jefe del Ejecutivo de viaje en París, el ministro de Transportes, Óscar Puente se lanzó raudo a explicitarlo en su cuenta de X: "Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno -escribió- ante la incapacidad de hacerlo por las urnas".
La portavoz del Ejecutivo, Emma Saiz, se mostró mucho más cauta en su habitual comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Pero tampoco dejó lugar a dudas sobre la opinión que le merece la decisión del tribunal. Saiz concedió una trascendencia fundamental al hecho de que fuera la organización de ultraderecha Manos Limpias y no ningún particular afectado por haber optado a la plaza que se asignó a Sánchez en la Diputación de Badajoz en el año 2017 quien denunció al hermano del presidente en 2024; hizo hincapié en que, después de todas las diligencias, la Fiscalía pidió su absolución, y mostró su confianza en que una instancia superior "confirme" su inocencia.
Fuentes de Moncloa aseguran que creyeron que el músico sería absuelto y equiparan esta decisión judicial a la de la condena del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo. Alegan que en ninguno de los dos casos había pruebas de delito. "Por lo visto en el juicio, era imposible condenar por lo que se pedía Y además David no es funcionario, ¿cómo se puede prevaricar? Es como lo de 'usted o alguien de su entorno'", aducen.
Saiz no atribuyó como tal la sentencia a una maniobra política. Sin embargo, insistió: "Esta causa tiene un único origen que es dañar al presidente del Gobierno a través de su entorno familiar". Es lo mismo que defendió el jefe del Ejecutivo en la Cámara baja en el pleno al que acudió forzado por sus socios para rendir cuentas tras el estallido del 'caso Zapatero' y las nuevas revelaciones del 'caso cloacas'. El presidente arguyó entonces que la derecha pretendía generar una falsa sensación de que existe una "corrupción generalizada" metiendo en el mismo saco causas como las que afectan a los exsecretarios de Organización socialistas, José Luis Ábalos y Santos Cerdán - apartados de la organización- y a Leire Díez -que el PSOE vincula a una empresa personal de Cerdán-, y otras que aún están en fase "embrionaria", como la de Zapatero. Y añadió que en el caso de su hermano y su esposa, Begoña Gómez, todo estaba basado en bulos y mentiras.
"Pseudomedios" "Sé, sin el más mínimo grado de duda -defendió entonces-, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales. Ese patrón se articula en tres compases. Primero, difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios. Después, presentación de denuncias por parte de organizaciones vinculadas a la ultraderecha. Finalmente, apertura de procedimientos judiciales que, con demasiada frecuencia, se prolongan durante años. Sin importar si los hechos acaban siendo desmentidos o archivados".
La secretaria de Organización del PSOE también se pronunció con rapidez sobre la sentencia contra el hermano del presidente, pero no se limitó a exculparlo a él. Rebeca Torró defendió que también el exlíder de los socialistas extremeños y expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y los técnicos que, como él han sido condenados, "son inocentes y cuentan con todo el apoyo del partido socialista". "Respetamos la sentencia, pero discrepamos de ella", apuntó.
Torró esgrimió que la sentencia "no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia" para la contratación de Sánchez como coordinador de los conservatorios de la Diputación e insistió en cuestionar la existencia del delito en función del origen de la denuncia. "Este caso forma parte de una estrategia para desgastar a un Gobierno progresista por cualquier medio. Cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia. Perdemos todos", abundó.
La portavoz del Ejecutivo, Emma Saiz, se mostró mucho más cauta en su habitual comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Pero tampoco dejó lugar a dudas sobre la opinión que le merece la decisión del tribunal. Saiz concedió una trascendencia fundamental al hecho de que fuera la organización de ultraderecha Manos Limpias y no ningún particular afectado por haber optado a la plaza que se asignó a Sánchez en la Diputación de Badajoz en el año 2017 quien denunció al hermano del presidente en 2024; hizo hincapié en que, después de todas las diligencias, la Fiscalía pidió su absolución, y mostró su confianza en que una instancia superior "confirme" su inocencia.
Fuentes de Moncloa aseguran que creyeron que el músico sería absuelto y equiparan esta decisión judicial a la de la condena del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo. Alegan que en ninguno de los dos casos había pruebas de delito. "Por lo visto en el juicio, era imposible condenar por lo que se pedía Y además David no es funcionario, ¿cómo se puede prevaricar? Es como lo de 'usted o alguien de su entorno'", aducen.
Saiz no atribuyó como tal la sentencia a una maniobra política. Sin embargo, insistió: "Esta causa tiene un único origen que es dañar al presidente del Gobierno a través de su entorno familiar". Es lo mismo que defendió el jefe del Ejecutivo en la Cámara baja en el pleno al que acudió forzado por sus socios para rendir cuentas tras el estallido del 'caso Zapatero' y las nuevas revelaciones del 'caso cloacas'. El presidente arguyó entonces que la derecha pretendía generar una falsa sensación de que existe una "corrupción generalizada" metiendo en el mismo saco causas como las que afectan a los exsecretarios de Organización socialistas, José Luis Ábalos y Santos Cerdán - apartados de la organización- y a Leire Díez -que el PSOE vincula a una empresa personal de Cerdán-, y otras que aún están en fase "embrionaria", como la de Zapatero. Y añadió que en el caso de su hermano y su esposa, Begoña Gómez, todo estaba basado en bulos y mentiras.
"Pseudomedios" "Sé, sin el más mínimo grado de duda -defendió entonces-, que se construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales. Ese patrón se articula en tres compases. Primero, difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios. Después, presentación de denuncias por parte de organizaciones vinculadas a la ultraderecha. Finalmente, apertura de procedimientos judiciales que, con demasiada frecuencia, se prolongan durante años. Sin importar si los hechos acaban siendo desmentidos o archivados".
La secretaria de Organización del PSOE también se pronunció con rapidez sobre la sentencia contra el hermano del presidente, pero no se limitó a exculparlo a él. Rebeca Torró defendió que también el exlíder de los socialistas extremeños y expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y los técnicos que, como él han sido condenados, "son inocentes y cuentan con todo el apoyo del partido socialista". "Respetamos la sentencia, pero discrepamos de ella", apuntó.
Torró esgrimió que la sentencia "no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia" para la contratación de Sánchez como coordinador de los conservatorios de la Diputación e insistió en cuestionar la existencia del delito en función del origen de la denuncia. "Este caso forma parte de una estrategia para desgastar a un Gobierno progresista por cualquier medio. Cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia. Perdemos todos", abundó.