La Udef y la UCO vinculan las tramas de Zapatero y de la 'fontanera' en los despachos de la Sepi

Un directivo de la SEPI y una constructora aparecen en dos investigaciones que avanzan por separado en la Audiencia Nacional pero cuyas ramificaciones se entrelazan en varias ocasiones. José Ángel Partearroyo Martín, entonces director de Participadas II de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y el grupo constructor Aldesa conectan los sumarios sobre las presuntas influencias del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y los negocios de Leire Díez, la 'fontanera' que instruyen los jueces José Luis Calama y Santiago Pedraz, respectivamente. Según los documentos que obran en poder de este periódico, la Policía Nacional y la Guardia Civil han rastreado mensajes y pagos que conducen al mismo responsable público y a una empresa que contrató con sociedades de ambas redes. Tres de esos acuerdos llevan la misma fecha.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontró comunicaciones directas con Partearroyo durante el rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. La Unidad Central Operativa (UCO) localizó su apellido en conversaciones de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI e integrante de Hirurok, el grupo que formaba con Díez, antigua directiva de Correos, y el empresario Antxon Alonso. Fernández invocó su autorización para vender una mina pública. Los documentos no acreditan que Partearroyo aceptara ese plan ni establecen una actuación concertada entre las redes.

Partearroyo adelantó a Plus Ultra la aprobación pendiente del Consejo de Ministros En el expediente de Plus Ultra, el contacto aparece mientras se preparaba el examen del rescate. El 2 de diciembre de 2020, Partearroyo comunicó: "Ok en breve os decimos porque ya estamos contratando asesores y en breve arrancan". La investigación policial sitúa esos intercambios dentro de las gestiones para conseguir la financiación pública.

Semanas después, Roberto Roselli, consejero delegado de Plus Ultra, trasladó sus impresiones a Julio Martínez Martínez, 'Julito', empresario investigado como presunto testaferro de Zapatero y titular de las sociedades Análisis Relevante e Idella Consulenza Strategica. "José Angel Partearroyo ha enfatizado que deben acelerar el proceso lo cual nos pareció muy positivo su mensaje a los asesores", escribió tras reunirse con la SEPI.

El 2 de marzo de 2021 llegó el aviso decisivo. Ese día, el Consejo Gestor del fondo de rescate elevó la propuesta de financiación. Partearroyo escribió a Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra: "Todo ok ya aprobado condicionado a vuestro ok a los contratos y al consejo de ministros después de vuestro ok". Dos minutos después añadió: "Nada de prensa hasta el consejo de ministros por favor".

El rastro de la UCO conduce a Huelva. La mina de Cala pertenecía a Cofivacasa, sociedad íntegramente participada por la SEPI. La querella de Anticorrupción, que incorpora las pesquisas policiales, recoge que Fernández mantenía buena relación con su administrador, Jorge Pipaón, y recordaba que él mismo lo había nombrado.

Según esas conversaciones, Pipaón le habría adelantado que estaba listo un pliego para subastar el yacimiento y sus derechos mineros por 700.000 euros. Fernández identificó el requisito pendiente: la venta "sólo necesitaría el visto bueno de Partearroyo de la SEPI". La Fiscalía apunta a José Ángel Partearroyo como posible identidad del aludido.

El expresidente del holding también describió cómo podrían manejar los tiempos: "ralentizarlo hasta tener seguro quién haya de ser el comprador". La frase se atribuye a Fernández, sin que figure una aceptación del directivo. Según Vicente, la minera Denarius ofrecería a Hirurok "un 10% de las acciones liberadas de la sociedad tenedora de la mina", pujaría dos millones y le dejaría dirigir la negociación.

Las sociedades de ambos casos recibieron más de 204.000 euros de la constructora La querella identifica pagos por 38.720 euros de Alto Minerals, filial de Denarius, a Mediaciones Martínez. Esta última sociedad, participada en un 98,33% por Alonso, tenía como administrador formal y socio minoritario a Carmelo Aznárez Pellicer. Anticorrupción la señala como instrumento para canalizar fondos presuntamente ilícitos del grupo.

Esa misma empresa aparece en el segundo cruce, Aldesa. La constructora pagó a Mediaciones Martínez 77.137,50 euros, IVA incluido, entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022. Eran abonos "mensuales y recurrentes", de 5.142,50 euros, amparados en un "contrato de prestación de servicios" fechado el 1 de octubre de 2021 y rubricado por Aznárez y Alejandro Fernández Ruiz, entonces consejero delegado de Aldesa. La UCO investigó gestiones de Hirurok para conseguir su clasificación como contratista.

"5.000 euros más IVA" Ese mismo día, Aldesa suscribió con Análisis Relevante un contrato de asesoramiento por "5.000 euros mensuales más IVA", también representada por Fernández Ruiz. La documentación del caso Zapatero identifica 127.050 euros ingresados en la consultora, recoge una actualización contractual de septiembre de 2022 y facturas de 6.050 euros. Los pagos localizados en ambas redes superan los 204.000 euros.

El tercer acuerdo, igualmente fechado el 1 de octubre, vinculaba a Aldesa con Idella, representada por Julio Martínez. Buscaba la "identificación de oportunidades de negocio" y la intermediación para adjudicarse obras a cambio del 3%. El expediente lo relaciona después con el proyecto Hard Rock de Tarragona, valorado en 2.000 millones. Pero la información de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude introduce una precisión: "no consta ningún pago de Aldesa a Idella Consulenza Strategica".