El PP recrudece su proyecto para la expulsión de inmigrantes
El Grupo Popular ha presentado cinco enmiendas al proyecto del Gobierno de reformas legales del plan contra la delincuencia. Aunque algunas son simples matices técnicos, dos de las enmiendas endurecen netamente el trato a los inmigrantes pendientes de expulsión para garantizar que su repatriación será posible. La propuesta de los populares es que el Ministerio del Interior pueda solicitar del juez de instructor que disponga el ingreso de los extranjeros pendientes de repatriación en centros de internamiento «en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador», incluso -propone el Grupo Popular- «sin que sea necesario que haya recaído resolución de expulsión». El PP va más allá y, en otra de sus modificaciones, plantea un abanico de medidas cautelares que la Administración podría tomar para garantizar que los extranjeros no se fuguen antes de ser repatriados. Se trata de cinco fórmulas: la presentación periódica ante las autoridades; la residencia obligatoria en un determinado lugar; la retirada del pasaporte o el documento acreditativo de su nacionalidad; la detención cautelar por la autoridad gubernativa o sus agentes por un período máximo de 72 horas, y el consabido ingreso preventivo, previa autorización judicial, en los centros de internamiento. El Gobierno lo va a tener muy difícil para lograr, tal y como es su propósito, un amplio consenso para sacar adelante las medidas legales de su anunciado plan contra la delincuencia. Los ocho grupos parlamentarios de la oposición, que hace un mes pidieron en el Congreso al Ejecutivo que retirara el proyecto, han presentado esta semana 183 enmiendas a la denominada ley orgánica de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros que, prácticamente, dan la vuelta al proyecto inicial del Gobierno, vaciándolo del contenido que quieren darle los ministerios de Justicia e Interior. La ya polémica norma será uno de los primeros exámenes del Gobierno y del Partido Popular en la cámara baja tras las próximas elecciones municipales y autonómicas, después de que el presidente José María Aznar se comprometiera a buscar los máximos apoyos. Un respaldo que parece improbable a la vista de las reformas y las críticas de los dos principales partidos de la oposición, PSOE e IU.