Proceso en punto muerto

El proceso penal iniciado hace un año por el juez Baltasar Garzón contra Batasuna y sus dirigentes históricos se encuentra en la actualidad en punto muerto, a la espera de que el magistrado de la Audiencia Nacional reciba las decenas de laboriosos informes que solicitó para documentar las acusaciones a los servicios de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El 26 de agosto del 2002, Garzón dictó un auto por el que suspendía toda actividad política de Batasuna por período de tres años y clausuraba todas sus sedes y las herriko tabernas . Pocos meses después, el 27 de marzo, el aspecto político de la investigación penal perdió importancia, pues el Tribunal Supremo decidió la ilegalización del partido, su suspensión definitiva de actividades y el embargo para liquidación de todos sus bienes. Procesamiento de dirigentes Lo que desde entonces queda en manos de la Audiencia Nacional es el procesamiento de los dirigentes de HB-EH-Batasuna por presuntos delitos de terrorismo y de pertenencia a banda armada. Este aspecto se inició en diciembre pasado, con la imputación de 19 ex dirigentes de Batasuna por pertenencia a la jefatura de ETA y por impulsar en el País Vasco un proceso de «limpieza étnica», de cara a expulsar del territorio a los no nacionalistas, ante un eventual referéndum de autodeterminación. Con el objetivo de demostrar estas acusaciones, que deberían terminar con el procesamiento de los imputados y la celebración del juicio, Garzón solicitó en octubre toda una batería de informes a la fuerzas de Seguridad que aún no están terminados. El magistrado les pidió desde una relación completa de todos los atentados con víctimas y secuestros de ETA y de todos los actos de violencia callejera desde 1990 hasta un estudio del censo electoral vasco de los últimos doce años, para comprobar cuántas altas y bajas se habían producido. Junto a ello solicitó una veintena de trabajos periciales, como la cuantificación de la disminución del PIB vasco como consecuencia de la violencia o la recogida de todas las intervenciones públicas de los dirigentes de Batasuna en las instituciones públicas vascas.