El Congreso reforma el Código Penal aprobado hace ocho años

El Congreso de los Diputados cambió ayer de arriba abajo el actual Código Penal, aprobado hace sólo ocho años con la abstención del PP, y que fue calificado por el PSOE, su promotor, como el «código de la democracia». La reforma, aprobada con los votos del PP, CiU y Coalición Canaria y rechazada por PSOE e IU, modifica más de 170 artículos del texto penal vigente -entre ellos parte de los puntos medulares del código- e introduce unos 20 nuevos delitos y faltas, con lo que se puede considerar que remodela un tercio de la ley de 1995. La reforma, que no entrará en vigor hasta el 1 de octubre de 2004, cambia y endurece el sistema de penas, suprime y sustituye por otras sanciones los arrestos de fin de semana, endurece las condenas para delincuentes habituales, agresores domésticos y narcotraficantes, crea la pena de alejamiento e introduce la entrada en prisión para delitos como el impago de pensiones, el maltrato de animales, la conducción bajo efectos del alcohol o drogas, la tenencia de pornografía infantil o los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. El nuevo Código Penal sólo se le aplicará a los delitos cometidos antes del 1 de octubre, incluidos los ya juzgados, si el cambio beneficia al reo. El anteproyecto considera delitos graves los que acarrean más de cinco años de cárcel (tres años en el actual), menos graves los que comprenden entre tres meses de prisión y cinco años (entre seis meses y tres años ahora), y leves los que se sancionan con tres meses de prisión, multa, pena de alejamiento, o trabajos en favor de la comunidad. El cambio en la filosofía global de las penas es necesario por el agravamiento de la sanción de las faltas y de los delitos menores para los delincuentes habituales y por la intención de endurecer las penas y las condiciones de cumplimiento de las condenas de los delitos graves: imposibilidad de obtener el tercer grado hasta que se cumpla la mitad de la condena y posibilidad de que el fiscal deje en suspenso la salida en libertad condicional si decide recurrir el beneficio penitenciario. La reforma permite también sancionar con penas más graves - a los delincuentes que cometan un mínimo de tres delitos en el plazo de cinco años.