«Me echaron del despacho y estuve un año en el pasillo»

«Soy jefe de negociado y quisieron que hiciera de auxiliar». Una mujer con más de 30 años de antigüedad en la administración es una de las cuatro leonesas que ha pedido amparo a los tribunales para que se castigue a sus jefes por acoso laboral en el trabajo. El juicio se celebró en el Juzgado de lo Contencioso de León y está pendiente de sentencia. La funcionaria de la Junta decidió actuar después de que la abrieran un expediente disciplinario porque «me acusaban de negarme a usar el ordenador, cuando el problema es que ni siquiera había programa para mi trabajo». «Me echaron del despacho y estuve casi un año con la ordenanza en el pasillo», señala. Un concurso de traslados la libró de este destino, que le costó una baja de nueve meses por depresión. Ahora trabaja en otro servicio (con ordenador, aclara). «He abandonado las oposiciones» «No estoy en casa por gusto. Me ha traido muchas consecuencias y entre otras cosas he abandonado las oposiciones para promocionarme». Esta mujer es empleada de la Junta de Castilla y León, está de baja por depresión y presentó su caso ante la junta de personal: descalificaciones y hostigamiento de su jefa. Los testimonios recabados entre sus compañeros no aclararon nada y sólo le queda el recurso a la vía judicial. Pero aún no ha sopesado bien este paso. Mobbing político La única sentencia favorable ante un caso de vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores afecta a una ex auxiliar del Ayuntamiento de Posada de Valdeón. El municipio rescindió el contrato de Yolanda G. M. tras adjudicar a una animadora sociocultural las funciones que realizaba de atención al público, recogida de documentos, tramitación de expedientes y altas y bajas del padrón municipal. El Juzgado de lo Social número 3 de León considera que es un caso de «discriminación ideológica» causada por la animadversión de la concejala de Izquierda Unida a la trabajadora, hasta el punto de que exigió su cese para firmar el pacto de Gobierno con el PSOE. «La nueva contratada ocupó la plaza realizando exactamente las mismas funciones», precisa la sentencia, aunque dependiendo de otra concejalía. El juez declaró nulo el despido y condenó al Ayuntamiento de Posada a la readmisión de la trabajadora, pero el caso está recurrido en el Tribunal Superior de Justicia.