El PSOE propondrá en su programa crear 17 agencias tributarias

El PSOE está ultimando su programa electoral y baraja la creación de diecisiete agencias tributarias con espacio fiscal propio. Ayer distintos dirigentes socialistas celebraron un encuentro para abordar dicho asunto, al que asistieron, entre otros, el portavoz parlamentario y coordinador del programa, Jesús Caldera, la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Magdalena Alvarez, Jordi Sevilla, y el coordinador del programa económico, Miguel Sebastián. Lo que están discutiendo es si las agencias autonómicas tendrán total libertad en la gestión de impuestos sobre los que tienen competencia, es decir, que los Gobiernos autonómicos puedan legislar, recaudar y gastar los impuestos propios y cedidos. La idea es que la Administración central mantenga únicamente el control sobre los impuestos estatales. Hasta dentro de un par de semanas, los socialistas no harán pública su propuesta sobre financiación autonómica, por lo que ayer, al ser preguntado por el tema, Jesús Caldera declinó responder alegando que aún estaban «discutiendo a fondo las propuestas que han hecho diversos compañeros». En lo que sí harán hincapié es en la lucha contra el fraude, por lo que plantean una gran coordinación entre todas las agencias tributarias que se creen. Dentro del programa económico con el que concurrirá el PSOE a las elecciones de marzo se barajan también reformas sobre el impuesto de patrimonio, aunque han anunciado que no suprimirán el de sucesiones, algo que sí ha planteado el PP. Sin debate Lo que no parece probable que se produzca es la confrontación de los programas de PP y PSOE en un debate entre sus líderes. «Quien se niega a un debate, está negando un derecho a los ciudadanos, y eso empobrece la democracia, no es positivo, quien tiene miedo a los debates tiene miedo al diálogo y a exponer sus propuestas», aseguró Caldera, quien aseguró que la negativa de Rajoy demuestra que los populares «tienen algo que ocultar». En este sentido, dijo que los debates «no son una concesión» sino un derecho de los españoles, que «incluso debería ser recogido en una ley», como propone el PSOE.