Los familiares de las víctimas del Yak exigen que Trillo dimita como diputado

Familiares de las víctimas del Yak-42 exigieron ayer al anterior ministro de Defensa, Federico Trillo, que «si le resta algo de dignidad» renuncie a su acta de diputado por mentir al Parlamento cuando compareció para explicar el siniestro. Formuló la petición Carlos Ripollés, presidente de la principal asociación de allegados de los 62 militares muertos en el accidente, tras conocer el resultado de las pruebas de ADN, que probaron que de los 39 cuerpos analizados 22 estaban mal identificados, fueron entregados a familias equivocadas y enterrados o incinerados donde no les correspondía. Es el resultado de las pruebas a las que se sometieron en mayo en Estambul (Turquía) miembros de 39 familias de los caídos, que no creyeron la versión defendida por Federico Trillo y sus colaboradores de que los cuerpos habían sido identificados correctamente antes de ser repatriados. Carlos Ripollés sostiene que entre los responsables de esas actuaciones -que «conllevan gravísimas responsabilidades»- hay políticos y militares que «tienen nombres y apellidos». Citó entre ellos a Federico Trillo, a su colaborador y anterior secretario general de Política de Defensa (Segenpol), Javier Jiménez-Ugarte, y a los hasta este viernes jefes de Estado Mayor de la Defensa y del Ejército de Tierra, almirante general Antonio Moreno Barberá y teniente general Luis Alejandre. Las mentiras del ex ministro Aseguró que Trillo «mintió» al Parlamento y a la ciudadanía en sus comparecencias ante el Congreso, en las que dio «datos que a la vista de los resultados de los informes eran falsos». También acusó de «mentir» a Jiménez-Ugarte -diplomático de carrera y ex embajador en Grecia- y le llamó «diplomático de tercera categoría» por haber defendido en diversos foros la honestidad del equipo que llevó a cabo las identificaciones y, en general, se ocupó del caso. También arremetió contra los integrantes de la anterior cúpula militar, en particular contra Antonio Moreno Barberá y Luis Alejandre y pidió su «destitución fulminante» apenas dos horas antes de que el Gobierno anunciara sus ceses. Los familiares sostienen que ambos generales violaron las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas porque «en ningún momento» velaron por la integridad de los hombres bajo su mando ni mostraron «respeto» a las familias de los muertos. Ese enfado tiene su origen en el desinterés que mostraron por los padecimientos de las familias tras el siniestro, en que no hicieron nada para mejorar la calidad de los aviones en que viajaban las tropas a pesar de que los jefes de la fuerza desplegada en Afganistán se quejaron del mal estado de los aparatos y de la escasa seguridad de esos vuelos. Alejandre llegó a decir en público que «el Ejército no organiza viajes de novios a Cancún» y a criticar a las familias que pedían conocer la verdad. El impacto causado por este asunto llegó al Consejo de Ministros, donde Bono aseguró que el Gobierno está «consternado» porque ha recibido con «gran impacto y enorme dolor» la noticia. Insistió en que su oficina pondrá «todos los medios a su alcance» para que se conozca la verdad sobre lo ocurrido.