Los malos tratos causan una detención y una orden de protección cada dos días

Juzgado de guardia de León. 19.00 horas del jueves 23 de septiembre. Un hombre se sienta en el banquillo 48 horas después de ser detenido por irrumpir en el domicilio de su ex mujer, amenazarla, insultarla y agarrarla por el cuello. El juez firma la sentencia una hora y pico después: seis meses de prisión. La criminalización del maltratador avanza lentamente, pero la violencia crece más rápida. La muerte de Teodora H. A., como la de las otras dos mujeres asesinadas en León en diez meses muestran hasta dónde alcanza el horror del maltrato. O cómo se puede empezar con una bofetada y terminar con un golpe mortal. En el 2004, cada segundo día se ha detenido a un agresor en León. La policía ha aumentado del 12 al 34 por ciento la proporción de detenciones sobre el número de denuncias recibidas en este período en las tres ciudades donde hay comisaría, León, Ponferrada y Astorga. En los cuartes de la Guardia Civil ha pasado del 35 al 100 por cien de detenciones sobre las denuncias recibidas, según datos de la Subdelegación del Gobierno. En los juzgados, «una parte importante de las guardias penales es ocupada por asuntos de violencia en el ámbito familiar, cosa que no sucedía antes», comenta el juez decano de León, Juan Carlos Suárez Quiñones. Durante los tres primeros meses del año fueron incoadas en León 52 órdenes de protección, tres más que las requeridas desde agosto (fecha de inicio de esta nueva medida) hasta diciembre del 2003. Es decir, prácticamente se ha duplicado el número de peticiones. Los jueces aprobaron 46 -una cada segundo día durante el primer trimestre del 2004- y denegaron seis. Las víctimas son las principales demandantes de esta medida: 49 casos sobre 52. La protección efectiva se tradujo en 110 medidas penales (cuatro privativas de libertad, 58 de alejamiento y 31 de comunicación, además de otras 14 para volver al lugar). En cuanto a las 58 medidas civiles acordadas como consecuencia de las órdenes de protección hay que destacar 18 atribuciones de la vivienda a la víctima, 18 pensiones de prestación de alimentos y 21 medidas de custodia, régimen de visitas y comunicaciones. En España, las solicitudes de órdenes de protección experimentaron un incremento de un 55,2 por ciento en el primer trimestre, según datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género procedentes del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Que los maltratadores mantengan el derecho del régimen de visitas a sus hijos, quienes muchas veces son víctimas directas y siempre indirectas, es uno los aspectos que aún chirría en el sistema jurídico español. En este sentido, la asociación de Mujeres juristas Themis ha planteado la suspensión del régimen de visitas a los maltratadores. También exige que se resuelvan los expedientes en el tiempo máximo legal establecido de 72 horas, sobre todo en las grandes ciudades donde los juzgados sufren más atasco. Desde algunas casas de acogida para víctimas, como la que gestiona la Asociación Leonesa de Caridad, se percibe que la disminución de casos atendidos en los últimos tiempos puede estar relacionada con la efectividad de estas medidas de protección y, en particular -dice su directora, sor Clara Gallego- la atribución de vivienda y el alejamiento. Sin rostro ni edad La asociación Simone de Beauvoir constata el «descenso acusado de la población acogida en estos tres últimos años» -de 41 a 32 usuarios en 2002 y 2003- y valora como posibles causas el filtro adecuado de las víctimas en los centros de emergencia y el trabajo en red. La víctima no tiene un rostro definido. Tampoco edad ni profesión. Pero sí un sexo predominante. El Observatorio de la Violencia asegura que el 92% de las peticiones de protección fueron de mujeres. El 80,4% eran de nacionalidad española y el 19,6% extranjeras. A los centros de acogida llegan desde adolescentes hasta señoras que pasan de los 50; la mayoría españolas, pero cada vez más extranjeras; no todas están casadas ni convivían con su maltratador. «También hay maltrato de novios», señala la trabajadora social de Isadora Duncan, Cristina Prieto. Ni siquiera la Justicia confía en que las medidas represivas atajen la violencia: «Hace falta que la igualdad entre el hombre y la mujer nazca en la familia y en la escuela», comenta Suárez-Quiñones. No obstante, precisa que el aumento de las denuncias también se debe «a una mayor confianza en el funcionamiento de la Justicia». La opinión del magistrado no difieremucho de la definición que da la secretaria de la mujer de CC. OO. en León, Eloína Terrón: «La raíz la violencia está en la desigualdad», y -agrega- especialmente en la falta de equidad a la hora de acceder al empleo y al poder. La desigualdad causa, en su opinión, «la dependencia económica y hace que el poder, la palabra y la toma de decisiones esté mayoritariamente en manos de los hombres». La falta de corresponsabilidad familiar -sólo se ejerce en un 15% de las parejas- es otra de las bases de la desigualdad. Hombres contra la violencia En este sentido, defiende la urgencia de que se tomen medidas educativas y de protección social a través de la Ley Integral Contra la Violencia de Género en trámite parlamentario. También el Movimiento Contra la Intolerancia promueve una de las iniciativas estatales a favor de la igualdad y de la ley integral. «Hombre, no te pases, ni lo hagas en mi nombre» es el lema de la campaña con la que condenan la violencia hacia la mujer y piden la adhesión de los hombres, para que tomen conciencia de la gravedad del problema «generado en una desigualdad y opresión sempiterna de la mujer respecto al hombre».