Diario de León

El plan de cuotas de contaminación obliga a modernizar las térmicas y ha precisado un acuerdo para proteger al carbón

El PNA extiende la reconversión minera a todo el sector energético e industrial

El tejido productivo leonés al completo está afectado: deberá invertir y mejorar su tecnología

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J.A. Otero - león
León

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Ya no queda un sólo sector productivo industrial en León, si exceptuamos la extracción de pizarras y calizas, que no esté en reconversión o reestructuración. El motivo: el Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones contaminantes, un documento que deriva de directivas de la UE de obligado cumplimiento para los 25, y que a su vez viene motivado por la firma del Protocolo de Kioto contra la contaminación mundial y el efecto invernadero. El Gobierno español, con casi un año de retraso sobre lo estipulado, ha elaborado un documento sumamente restrictivo contra las emisiones provocadas por el conjunto de la industria nacional. Entre el 2005 (entrará en vigor el 1 de marzo) y el 2007 las empresas deberán reducir sustancialmente sus niveles de contaminación atmosférica, en torno aúna cuarta parte; o comprar derechos a quienes no alcancen el cupo fijado instalación por instalación por el Estado si quieren lanzar a la atmósfera más partículas de las que legalmente pueden. En lo que hace referencia a León, a pesar de contar con un tejido industrial escaso, ha sido a priori un gran golpe. Sobretodo porque ha puesto en reconversión, reestructuración o crisis a todo su sector productivo. Las cementeras (Cosmos y Tudela Vegín) han sido más previsoras y durante los últimos años han ido modernizando sus negocios y sus plantas leonesas, con nuevas tecnologías, hornos e instalaciones. El caso más llamativo es el de Tudela en La Robla: ha invertido 142,5 millones de euros y desde 2005 dispondrá de la fábrica de cemento más moderna de Europa y habrá duplicado su capacidad de producción, limitado a la mitad sus emisiones y multiplicado el empleo y el negocio. En el sector de la cerámica, tres industrias (Ceranor, Rubiera y Villacé) deberán realizar también inversiones en modernización para poner al día sus industrias, lo que por otro lado beneficiará el tejido productivo leonés al convertirlas por la obligada inversión, como en el caso de las cementeras, en empresas aún más modernas y competitivas. Lo mismo que B&A Vidrio (Vilesa), que ya viene invirtiendo en mejorar sus hornos y su proceso productivo para el mismo fin. Lo mismo que la Azucarera de La Bañeza. La peor parte, las eléctricas No ocurre lo mismo con las empresas eléctricas y sus térmicas en León. Fenosa y Endesa llevan dos décadas sin modernizar sus plantas lo suficiente (más allá de mejoras puntuales y las obligadas revisiones cada tres o cuatro años). Y sus problemas pretenden arrastrarlos a la minería del carbón, que directamente no tiene nada que ver con el PNA: si no hay más cupo de CO2, quemarán menos carbón leonés, vienen a decir, dado que tendrán que cerrar plantas. El plan de asignaciones se ha centrado, a nivel nacional, en la industria energética. Serán las térmicas las que más contaminación deban mermar en tres años. Sólo en León, una tercera parte (33%) de los 13,8 millones de toneladas anuales de CO2: hasta los 9,35 en el 2007. Y la proporción será mayor del 2008 y al 2012. El grupo 1 de Compostilla II, cerrado de hecho aunque no de derecho, se queda sin asignación. Endesa dice que se está pensando si debe o no realizar la inversión de 750 millones de euros prevista en una década en el Bierzo, y que conllevaría abrir en el 2008 dos grupos nuevos de gas abastecidos desde una planta propia en Galicia; cerrar el 2 en algo más de un lustro y abrir un tercero de ciclo combinado que lo sustituya; y modernizar los grupos 3 y 4 para adaptarlos a Kioto y el PNA. Fenosa no ha dicho nada de los 100 millones de euros a invertir en los próximos año para modernizar Anllares y La robla y garantizar su futuro «hasta el 2020» como anunciaron. La preocupación que se ha generado en León no es baladí. El cierre de térmicas amenaza directamente al sector carbonero, con 4.500 empleados, y a buena parte del eléctrico, con más de 1.000 trabajadores en León. Se calcula que entre ambos podrían perderse 1.200 puestos de trabajo directos de un plumazo (habría que multiplicar por tres o cuatro para calcular el indirecto e inducido afectado) e inviables a las minas. Y cabe resaltar que juntos forman el sector energético provincial, que ya ha perdido 4.500 empleos en sólo siete años y que constituyen junto a la agricultura la base de la economía leonesa. Acuerdo Gobierno-sindicatos Sindicatos y patronal carbonera han logrado convencer al Gobierno central de que firme un documento que proteja al carbón. El 22 de dicimbre se rubricó y Gobierno garantizará la compra, «mediante los mecanismos que resulten necesarios, por las empresas eléctricas de la producción nacional de carbón en las cuantías que se acuerden en el Plan de la Minería 2006-2012». Industria tomará en consideración este acuerdo sobre las producciones de consumo garantizado y las inversiones de modernización que realicen las empresas eléctricas para la aplicación en España de la Directiva de grandes instalaciones de combustión en el proceso de elaboración y aprobación del próximo PNA para el periodo 2008-2012. Los primeros meses del 2005 se antojan fundamentales en este asunto. El PNA puede lograr el efecto beneficioso de mejorar, modernizar y hasta hacer crecer al sector eléctrico en León; pero también deslocalizar más industria y destruir más de 10.000 empleos.

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