El PSOE enmienda el Estatut sin un pacto y suprime el término «nación»

El Gobierno ha llegado a la fase crucial del debate sobre el Estatuto catalán sin un acuerdo cerrado con el tripartito y CiU. El rechazo del presidente del Congreso, Manuel Marín, a ampliar el plazo de presentación de enmiendas hasta el viernes, debido a la negativa del PP, impidió culminar el pacto y forzó al PSOE a registrar sus enmiendas de modificación sin haberlas pactado previamente con los partidos catalanes. El portavoz del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió que los quince escritos de enmiendas que registraron los socialistas están redactados deliberadamente de forma ambigua, con la voluntad de llegar a un acuerdo. Rubalcaba aseguró que el PSOE ha respetado «al máximo» los planteamientos del Parlamento catalán y que sus propuestas buscan reforzar el autogobierno de Cataluña, enmarcando el Estatuto en la Constitución y procurando el interés general. El consejero jefe de la Generalitat, Josep Bargalló, pidió a Zapatero que convoque una cumbre entre el Gobierno y el tripartito y CiU para impulsar la negociación. El Ejecutivo prefiere que el diálogo se desarrolle en el ámbito parlamentario. Sin embargo, ERC se mostró «claramente escéptica» sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de forma inmediata. Los republicanos tacharon de «inamovibles» las posiciones del PSOE como la de rechazar el término nación. Respecto al sistema de financiación, esperarán a conocer en profundidad la propuesta del PSOE. Recortes socialistas Los socialistas proponen importantes recortes al texto aprobado por el Parlament, como la supresión del término «nación», por considerarlo incompatible con el artículo 1.2 de la Carta Magna, o la modificación del régimen lingüístico. En materia de financiación, las propuestas son similares a la última oferta de Solbes, aunque abiertas a la negociación. Alejadas en todo caso de lo aprobado por el Parlamento catalán. Durante toda la jornada, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, intentó lograr en nombre del Gobierno un acuerdo en Barcelona con los partidos que forman el tripartito y con CiU. No fue posible, pero el Gobierno seguirá negociando con los cuatro partidos catalanes para alcanzar un acuerdo antes de fin de año. El objetivo es llegar al decisivo trámite de la Comisión Constitucional con un pacto cerrado que impida un debate público en la comisión que evidencie las diferencias entre el Gobierno y los partidos catalanes.