No hay tregua para la extorsión

ETA ha aparcado los asesinatos desde hace más de dos años, pero no ha renunciado a su impuesto revolucionario. La campaña de extorsión a empresarios se intensificó durante el año 2005 y los recientes atentados cometidos esta semana contra una discoteca en Navarra y contra la constructora Otaduy indican que la banda terrorista quiere mantener esa dinámica en el 2006. El objetivo es que la clase empresarial vasca continúe sintiéndose amenazada al margen de la apertura de un proceso negociador y de la posibilidad de una tregua. La banda prescinde de la sangre por su elevado precio político, pero no del dinero que supone una de sus principales fuentes de financiación. Su supervivencia económica depende de ello. Los empresarios vascos solicitaron ayer apoyo ante la «intimidación terrorista». José Manuel Farto, presidente de la patronal vasca Confebask, lamentó que las amenazas continúen en «un medio de un clima de esperanza social por un deseado escenario sin violencia» y añadió que la extorsión va «in crescendo». Y las cifras le dan la razón. En el 2004, ETA atentó contra tres inmobiliarias vascas. Ese año realizó una intensa campaña veraniega que llegó a Galicia. Pero en el 2005 per-petró cerca de una veintena de acciones terroristas dirigidas contra empresas del País Vasco. Más de la mitad de los ataques que la banda reivindicó el año pasado fueron contra la patronal vasca. Uno de los últimos números de Zutabe, el boletín interno de ETA, reproduce las listas negras a modo de póster y ruega que se difundan después en forma de pasquines. Entre los señalados ya no sólo figuran clásicos como BBVA, Miko, Halcón Viajes o Koipe. En los últimos tiempos, ETA ha extendido sus redes recaudatorias a la pequeña y mediana empresa, y a profesionales liberales. En el 2004, la Audiencia Nacional citó a declarar a Karlos Arguiñano, Martín Berasategui, Pedro Subijana y Juan María Arzak porque un etarra había asegurado que los cuatro habían pagado el impuesto revolucionario. El ataque a Grúas Goierri, de Ordizia, y la colocación de un artefacto explosivo cerca de la vivienda del propietario de Gráficas Otzarreta en el 2005 son también una consecuencia de esta estrategia. ETA y su entorno esgrimen una doble justificación de estos cobros. En su paranoia de la construcción nacional vasca, y basándose en una supuesta ideología marxista-leninista, consideran justo que las empresas que pagan impuestos al Estado español contribuyan también con parte de sus ingresos a la causa vasca. La izquierda aberzale argumenta además que es necesario que parte de la plusvalía que la patronal obtiene de los proletarios revierta en el pueblo vasco. La realidad es que, desde los setenta, la infraestructura etarra subsiste gracias al dinero de las extorsiones, mucho más seguras y rentables para los miembros de la organización que los atracos a bancos que realizaban en sus primeros tiempos. Antes el mecanismo era más brutal y directo, con muertes (unos cuarenta industriales fueron asesinados), secuestros y cobros en efectivo en Francia. Ahora las amenazas y los pagos han cambiado: cartas, artefactos explosivos sin víctimas, compra de publicidad a medios del entorno terrorista... Pero el engranaje sigue funcionando. La red se mantiene a pesar de los golpes policiales sufridos por la red de extorsión en las operaciones Sokoa, Easo y Diru Gutxi. Sobrevive a pesar del acoso de las autoridades y de la esperanza de tregua.