Diario de León

La policía cree que son los mismos autores del ataque en Tafalla

Lanzan varios cócteles molotov contra los juzgados de Tudela

Los daños materiales del último episodio de «kale borroka» fueron escasos y no hubo heridos

Rajoy, ayer, en el Congreso Regional del PP andaluz

Rajoy, ayer, en el Congreso Regional del PP andaluz

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Melchor Sáiz-Pardo - madridc.c. | pamplona
León

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El Gobierno ha ordenado a los puestos fronterizos con Francia que devuelvan al país vecino a todos los inmigrantes clandestinos interceptados sin que tengan acceso a un abogado. El Ministerio del Interior, a pesar de la última reforma del reglamento de la ley de extranjería aprobada para extremar las garantías en las expulsiones en frontera, ha enviado una circular interna en la que pide que los policías expulsen de inmediato a los «sin papeles» sin darles oportunidad a recurso alguno en territorio español. La simple lectura de derechos bastará para legalizar la expulsión, según las notas confidenciales remitidas por la Comisaría General de Extranjería. Estas instrucciones del Ejecutivo se dan dos semanas después de la entrada en vigor de la reforma del artículo 13 del reglamento de la ley de extranjería, modificado por sorpresa por el Gobierno, para garantizar que todos los inmigrantes interceptados en la frontera fueran informados de su derecho a letrado e interprete y de la posibilidad de recurrir ante la Administración. Varios mandos policiales se habían quejado de que los funcionarios estaban incurriendo en detenciones ilegales, al no tener los indocumentados posibilidad de defensa letrada. A pesar de este artículo, Interior ha interpretado que sólo hace falta informar de sus derechos a los sin papeles y que no es necesario que éstos tengan en ese momento la posibilidad de reclamar la presencia de un abogado, que podría paralizar la repatriación. Las gestiones, fuera Bajo esta premisa, Extranjería y Documentación remitió el pasado miércoles una circular de apenas dos páginas en la que facilita a los agentes un formulario estándar que será entregado a todos los inmigrantes. En ese papel -redactado en castellano, francés, inglés, rumano o búlgaro- se informa en un párrafo del derecho a la asistencia letrada y a interponer un recurso contra la expulsión. Pero acto seguido, se le niega al irregular la posibilidad de llevar a cabo cualquier gestión en territorio español antes de su expulsión: «En caso de no estar conforme (el inmigrante) con la denegación de entrada, acordada en aplicación del acuerdo de Readmisión Hispano-Francés de 26 de noviembre de 2002, podrá presentar las alegaciones que considere oportunas ante cualquier embajada o consulado de España en el extranjero», señala la nota interna. La llegada de las instrucciones confidenciales ha reactivado las devoluciones en frontera, que llevaban paralizadas desde hacía dos semanas ante las lagunas de la nueva legislación de extranjería. Mandos de Extranjería en Girona, Lérida, Navarra, Huesca y Guipúzcoa han permitido en los últimos días la entrada a España por los pasos fronterizos con Francia de centenares de indocumentados -entre 1.500 y 2.000, según las estimaciones- la mayoría de origen rumano y búlgaro. Varios desconocidos atacaron durante la madrugada del domingo con cócteles molotov los juzgados de la población navarra de Tudela, en un acto de violencia callejera en el que no hubo heridos y los daños materiales fueron escasos, según confirmó un portavoz de la Delegación del Gobierno. Los violentos lanzaron los botellines de cristal con líquido inflamable contra la fachada principal de la sede judicial sobre las dos y media de la madrugada y mancharon de humo negro parte de la acera y de las escaleras de acceso a los juzgados. Las investigaciones de la policía nacional indican que los autores de este nuevo acto de violencia callejera pueden ser los mismos que el pasado 17 de septiembre atacaron de igual manera los juzgados de Tafalla, localidad de la misma comunidad foral, dada la coincidencia de algunos elementos con los que se elaboraron los cócteles molotov. El ataque contra los juzgados de Tudela se produjo sólo unas horas después de que otro grupo de radicales entrase en el ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Pasajes, destruyese parte del mobiliario del salón de plenos y realizase pintadas en las paredes en las que llamaba asesino al Partido Socialista y exigía la excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos, que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 7 de septiembre y que se encuentra ingresado en un hospital y está siendo alimentado por orden gubernativa.

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