Conde Pumpido se lamenta de que la política haga que su trabajo sea difícil
El fiscal general del Estado de España, Cándido Conde-Pumpido, afirmó ayer que es «extraordinariamente difícil» ejercer ese cargo, cuyas actuaciones son «examinadas sistemáticamente a través del prisma de la política». Conde-Pumpido explicó en una conferencia en Portugal las características y la historia reciente de su institución y señaló que la designación del Fiscal a propuesta del Gobierno ha tenido un «efecto contraproducente» y es «fuente permanente de conflictos». Cada vez que alguien no está de acuerdo con una actuación del Fiscal se le acusa «de actuar bajo las órdenes o al servicio del Gobierno y no con la imparcialidad que la Constitución exige», agregó al pasar revista al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal español, creado en 1981 tras la democratización del país. «Esa permanente sospecha de parcialidad supone un factor de deslegitimación institucional que puede reducir seriamente la credibilidad del Ministerio Público, y, por tanto, obstaculizar el correcto desempeño de su función», dijo Conde-Pumpido, invitado en el VII Congreso de la Fiscalía lusa en Alvor, al sur de Portugal. Con arreglo a la ley Pero recordó que el fiscal general español no actúa bajo las órdenes del Gobierno, sino por «propuestas» del Ejecutivo y siempre con arreglo a la ley, aunque reconoció que ésa dependencia es una «imputación muy difícil de combatir». Conde-Pumpido destacó que las características propias del fiscal español le llevan a intervenir en todas las jurisdicciones, por lo que este organismo está en el centro de todos los problemas. Aseguró que la imagen de independencia se ve dañada además por el hecho de que la Fiscalía carece de autonomía presupuestaria en relación al Ministerio de Justicia. El fiscal se mostró esperanzado de que estos problemas se solucionen con el proyecto de Ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, especialmente la «antigua reivindicación» del cambio de sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado. El nuevo sistema aseguraría la aprobación parlamentaria del candidato propuesto por el Gobierno.