Las pruebas no son válidas ya que se lograron espiando sin control judicial

El alcance del daño está por determinar. El director Alberto Sáiz -que llegó al CNI dos meses después de que el topo abandonara su puesto pero ha sido en este tiempo el máximo responsable de la investigación- dio por buenos todos los datos obtenidos a lo largo de casi dos años de indagaciones «complejas y difíciles», pero recordó que es la Justicia quien ahora debe hacer averiguaciones. Las pruebas de la fechoría obtenidas por sus hombres son inocuas a efectos jurídicos. Porque, aunque hayan servido para proceder a la detención del presunto delincuente, fueron obtenidas mediante técnicas de espionaje y sin control judicial. La segunda parte de la historia, sin embargo, parece ir por buen camino, según fuentes de la fiscalía general del Estado. El registro de los domicilios de Flórez, ordenado este mismo martes por la juez encargada del caso, ha permitido encontrar «mucha documentación» relacionada con la denuncia. Sáiz tan sólo reveló que fue un acontecimiento acaecido en la primavera de 2005 lo que le hizo pensar que podía haber una fuga de información y que un análisis retrospectivo de hechos le convencieron de que había una conexión.