Hasta que el chiringuito os estafe

El caso Gescartera no sólo fue el último naufragio de aquella cultura del pelotazo que acabó con muchos de los ejecutivos de fulgurante carrera en los tribunales y los penales, sino también el origen de una polémica que destapó una realidad por otra parte lógica, y que era un secreto a voces. En aquellos años en los que los mercados bursátiles brindaban la posibilidad de multiplicar los bienes con rentabilidades nunca vistas, la Iglesia no se resistió a sentarse a la mesa de aquella prometedora multiplicación de los panes y los peces. Obispados, congregaciones, fundaciones y organizaciones religiosas varias invertían en bolsa, arriesgaban en renta variable e incluso constituían sociedades de inversión para rentabilizar donativos y herencias, como intentaba hacer todo el mundo por entonces. Y como sigue ocurriendo ahora, quizá con más prudencia. Una treintena de organizaciones religiosas cayeron en las redes del chiringuito financiero montado por Antonio Camacho, y perdieron su dinero como el resto de los 4.000 afectados por la sonada estafa. Entre ellas, el Obispado de Astorga, que había confiado a Gescartera unos 311.000 euros que se esfumaron por los mismos desagües por los que se perdieron los más de 93 millones de euros que ahora reclaman los 1.383 ahorradores que tienen registradas sus reclamaciones ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Fiscalía del Estado calculó el déficit patrimonial de Gescartera en 50 millones de euros. Pérdida multimillonaria La Iglesia perdió en aquella fallida aventura 15 millones de euros, de los que la mayor parte corresponde a organizaciones como los Agustinos Misioneros de San Agustín, la Fundación Caldeiro (las que más habían invertido) o el Obispado de Astorga. En un primer momento los responsables del Obispado aseguraron haber confiado a Gescartera 120.000 euros, una cantidad que se apresuraron a asegurar en julio del 2001, recién estallado el escándalo, que «no era relevante» para la diócesis. Ante las críticas surgidas por quienes vieron en las inversiones de la Iglesia un intento poco ético de multiplicar sus dineros el propio obispo, monseñor Camilo Lorenzo, defendió que Gescartera contaba con todas las garantías, «al menos aparentemente»; y que las inversiones en bolsa permitían a la diócesis afrontar un buen número de proyectos, desde restauración de templos a mantenimiento de residencias de ancianos. Finalmente la cantidad «oficial» que la Diócesis de Astorga depositó en la fraudulenta Gescartera se elevaba a 311.000 euros, y en su lista de clientes aparecían el vicario general, Marcos Lobato, y el ecónomo diocesano, Ángel Lucio Vallejo. Tiempo después los responsables de la diócesis aseguraron que se habían tramitado todos los requisitos legales para reclamar la restitución del dinero «desaparecido». De hecho, el Obispado está entre el centenar de partes personadas en el juicio que se inició ayer, que cuenta con 46 acusaciones además de la Fiscalía. Sin embargo, fuentes del Obispado de Astorga aseguraban ayer que no sabían «absolutamente nada» del inicio del juicio, incluso que les había «sorprendido la noticia que apareció el fin de semana en los medios de comunicación». Sí alegaban a la prudencia ante un «tema tan delicado», aunque los responsables más directos de esta cuestión se encontraban ayer de viaje, ilocalizables. De momento sólo el Arzobispado de Valladolid hizo público que no pedirá penas de cárcel para los encausados, porque lo considera «poco ético». Los representantes eclesiásticos explican que es el Estado el que tiene que hacer justicia, y que lo único que desean ahora es recuperar «los bienes que allí se depositaron». Ni indemnizaciones Mientras tanto, desde el Obispado de Astorga no se ha confirmado ni siquiera si en su día recibieron las indemnizaciones que concedió el Estado a los inversores estafados a través del Fondo de Garantía de Inversiones, creado en agosto del 2001. El conjunto de los afectados se repartió 26 millones de euros, con un tope legal de algo menos de 20.000 euros por caso. Seis años después del sonado desfalco, los afectados seguirán un juicio que se prolongará varias semanas y en el que la Audiencia Nacional tratará de establecer responsabilidades. Aunque las inversiones bursátiles de la Iglesia y sus organizaciones han seguido llenando páginas, más allá del caso Gescartera, las treinta instituciones religiosas afectadas pretenden, junto a los demás afectados, recuperar una inversión multimillonaria que se esfumó convirtiendo en el cuento de la lechera los planes de los administradores eclesiásticos. Un intento de rentabilidad que, según insistió monseñor Lorenzo, tenía como único objetivo «una mejor ayuda a los necesitados».