El juez deja en libertad provisional a dos vecinos de Segura detenidos durante la redada
Garzón encarcela a 17 integrantes del núcleo más duro de Batasuna
Los dos dirigentes franceses, junto a Francisco Urrutía, podrán pagar fianza para eludir la prisión Do
El juez Baltasar Garzón, a petición de la Fiscalía, encerró ayer en prisión por pertenencia a banda armada a 17 de los 23 dirigentes de Batasuna arrestados el jueves pasado en Segura (Guipúzcoa), que fueron sorprendidos mientras participaban en una asamblea clandestina para definir la estrategia de apoyo político y social a ETA tras la ruptura de la tregua. Son el núcleo duro del partido ilegalizado. El magistrado, también de acuerdo con los fiscales, permitió eludir la cárcel tras el pago de una fianza de 10.000 euros a los dos responsables franceses de Batasuna presentes en la reunión, Haizpea Abrisketa y Jean Claude Aguerre, y al dirigente local de Segura Egoitz Apaolaza, que en las pasadas elecciones formó parte de la lista de ANV anulada por el Tribunal Supremo en la localidad guipuzcoana. La cuarta fianza, de 24.000 euros, es para el miembro de la Mesa Nacional, Francisco Urrutía. La lista de 23 se completa con Iban Berasategi y Xabier Albizu, vinculados a la izquierda abertzale en Segura y presentes en la reunión, que quedaron en libertad provisional por orden del juez. Entre los 17 independentistas encarcelados están los principales dirigentes del partido ilegalizado, con Joseba Permach a la cabeza, que, según la investigación policial, constituyen el núcleo duro que se disponía a revitalizar la formación y a tomar el relevo a dirigentes más proclives al diálogo como Arnaldo Otegi, en prisión desde junio. Además de Permach, en la lista de los 14 miembros de la Mesa Nacional encarcelados están el otro coordinador, Rufino Etxebarria; el jefe de comunicación, Juan José Petrikorena; el responsable de organización, Imanol Iparraguirre; los máximos responsables en cada territorio: Ana Lizarralde (Vizcaya), Ángel María Elkano (Guipúzcoa), Asier Arraiz (Álava), y Juan Cruz Aldasoro (Navarra); así como varios miembros del sector más duro vinculados a EKIN, el presunto brazo político de ETA, como Mikel Zubimendi. Garzón considera que los 17 deben entrar en prisión preventiva porque están acusados de un delito muy grave, integración en banda terrorista, porque existen indicios que apuntan a un alto riesgo de fuga y, sobre todo, por la alta probabilidad de que los arrestados volviesen a reincidir en el delito si quedaban libres.