Guerrilleros de Andorra financiaron el arranque

La lucha por despertar la recuperación de la memoria histórica no se puede atribuir a una sola persona o colectivo, más aún cuando los datos que ha recabado el investigador Julián Morrante para este periódico localizan en los mismos años de la represión los primeros trabajos para evitar que estos episodios pasasen al olvido. El preso Efrén Blanco Arduengo llevaba en la cárcel de Oviedo una pequeña libreta, en la que iba anotando todos los nombres de personas que iban ejecutando. A través de enlaces clandestinos, muchos familiares pudieron saber de los suyos gracias a estas anotaciones. El guerrillero Gregorio García Díaz Gorete , de Puebla de Lillo, hizo una lista de represaliados aprovechando su ocupación en el servicio de información del Estado Mayor republicano. Otro de los episodios que contribuyó a dinamizar la recuperación de la memoria es el caso de los 72 fusilados de Azagra (Navarra). Cuando los familiares se unieron para exhumar los cuerpos, allá por 1978, se enteraron de que habían sido trasladados al Valle de los Caídos. En ese año, una representación de las familias fueron a Madrid para recuperar los restos. En esos años, en esta ocasión 1975, el maqui Marcelo Usabiaga promovió la excavación de una fosa común en Pikoketa (Guipúzcoa), que finalmente realizaron los propios vecinos. Pero la repercusión de estos acontecimientos no tuvo una notoria presencia en la prensa hasta los años 80 y 90, cuando salieron a la luz investigaciones de varios autores leoneses. Fue en 1998 cuando la repercusión del hallazgo del pozo grajero de Lario interesó a los viejos guerrilleros asentados en Andorra. El comandante Robert, cuya niñez pasó en León, ayudó a financiar los primeros pasos para la recuperación de la memoria, liberando a ciertas personas para que activasen la causa en diferentes foros del país, entre ellos los medios de comunicación. Cuando el debate del pozo grajero está prácticamente cerrado, más o menos en el año 2000, nace el asociacionismo y la conocida Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha centrado su labor principal en la exhumación de fosas que el Estado no asume como asunto propio.