Otro plan para maltratadores

Instituciones Penitenciarias ha activado el cumplimiento de penas alternativas para aquellos maltratadores condenados a menos de dos años, que no ingresan en prisión, pero están obligados judicialmente a seguir un programa de reeducación. El objetivo es disminuir la reincidencia, circunstancia que acompaña a muchas de las víctimas -69 de ellas muertas en 2007-, y acabar con la sensación de impunidad en el agresor, que permanecía en casa a la espera de plaza en un curso, sin cumplir lo estipulado por el juez. La Ley Integral contra la violencia de género, aprobada hace casi tres años, ha favorecido el incremento de denuncias, condenas y medidas de protección, pero había un incumplimiento en el desarrollo de estos programas, hasta ahora en manos de entidades y ONG, de forma voluntarista, con poca financiación y sin unidad de criterio, a pesar de lo cual se les reconoce una importante labor. Los condenados pueden rehabilitarse en prisión, en programas que hoy, según Instituciones Penitenciarias, siguen voluntariamente 330 reclusos en 42 cárceles, y fuera de ella si la condena es menor de dos años y el juez acuerda la suspensión de pena a cambio de medidas alternativas. Prisiones ha reforzado sus recursos con 50 psicólogos y 95 trabajadores sociales, formados en tratamiento de agresores en el ámbito familiar y distribuidos por todas las provincias, ha firmado acuerdos con 18 colegios profesionales para la colaboración de otros 500 psicólogos, y promueve convenios con las comunidades: las primeras Andalucía, Cantabria y Galicia, y en «proceso de redacción» los de Asturias, Aragón y Extremadura. La primera misión de estos psicólogos ha sido «activar las penas y entrevistar a los condenados. Ya tenemos a todos los penados por violencia de género en el itinerario penal», dijo a Efe José Ignacio Bermúdez, subdirector general de Medio Abierto y Medidas Alternativas de Instituciones Penitenciarias. A continuación, se ha puesto en marcha un programa propio para su tratamiento. Sin cifras «Antes -reconoce- el maltratador podía estar en su casa esperando plaza en un curso. Tenía la pena alternativa, pero no había un programa de referencia. Ahora percibirá que está activa y va a tener que cumplir lo estipulado por el tribunal». «Ya podemos ofertar a los jueces y tribunales una red de recursos para generar confianza en la justicia», añade. Además habrá una relación fluida con los magistrados: «se les comunicará si una persona, con riesgo de reincidencia, no está cumpliendo las expectativas, por si considera que debe cambiar la sentencia». El último informe del Defensor del Pueblo denunciaba que 1.700 condenados por maltrato no recibían tratamiento rehabilitador en el 2006, y cabe suponer que ha aumentado. Desde Instituciones Penitenciarias no se precisa la cifra. La explicación es que no está tipificado el delito de «violencia de género», sino que hay una decena de tipos delictivos -lesiones, amenazas, agresión sexual...- relacionados con la violencia machista. Actualmente «hay 10.000 personas con medidas alternativas vinculadas a esa decena de tipos delictivos -6.000 con trabajos en beneficio de la comunidad y 4.000 con suspensión de condena- pero no significa que todos sean condenados por violencia de género», indica Bermúdez. «Es responsabilidad de la Administración» afrontar su tratamiento, homologar los programas y «liderar la reeducación de los maltratadores», afirma el subdirector de Medio Abierto.