La suerte de la cúpula de la Policía Científica está en manos del Supremo
La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid aplazó hasta el próximo 25 de marzo el juicio contra los cuatro mandos de la Policía Científica acusados de haber falsificado un informe sobre el ácido bórico encontrado en casa de un sospechoso relacionado con el 11-M, con el objetivo de suprimir las referencias que apuntaban a ETA introducidas por los peritos que analizaron la sustancia. La sala, antes de decidir el futuro del proceso, quiere conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el denominado «caso Atutxa» y su doctrina sobre si es posible mantener un juicio impulsado sólo por acusaciones populares, sin que haya imputaciones de la Fiscalía ni de perjudicados directos (acusaciones particulares). Esa es la situación de los cuatro mandos policiales acusados en el denominado «caso del ácido bórico», sustancia química de la que algunos peritos aseguraron que vinculaba a ETA con los islamistas responsables del 11-M. Al iniciarse ayer la vista, y como cuestión previa a la celebración del juicio, el fiscal y el abogado del Estado reiteraron que no acusarán a los agentes, que deben hacer frente a cargos presentados sólo por tres acusaciones populares: la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y el sindicato Manos Limpias. La Fiscalía, el abogado del Estado y el defensor de la cúpula de la Policía Científica pidieron este martes el archivo inmediato de la causa en virtud de la doctrina con la que el Supremo archivó la investigación sobre las cesiones de créditos del Banco de Santander y absolvió a su presidente, Emilio Botín, al considerar que la acusación popular no es sustento suficiente para mantener vivo el proceso después de que la acusación particular y el Ministerio Público renunciaran a defender su acusación. Las tres asociaciones que acusan a los jefes policiales reclamaron, en cambio, que siga adelante el juicio e invocaron para ello la decisión también del Supremo de condenar al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por desobediencia pese a que sólo fue acusado por el sindicato Manos Limpias, también en el papel de acusador popular. De la decisión del alto tribunal se desconoce aún la argumentación jurídica. Tras un debate de más de una hora, el presidente del tribunal madrileño, Alberto Barreiro, pospuso el juicio al considerar «totalmente imprescindible» y de «suma relevancia» conocer la «fundamentación jurídica» de la sentencia que condenó al ex presidente de la cámara de Vitoria. El magistrado aseguró que sería absurdo tanto seguir con el juicio como sobreseer la causa sin saber qué es lo que piensa el Supremo.