El Constitucional apoya a Casas en la polémica de las llamadas

Los magistrados del Tribunal Constitucional respaldaron ayer de manera casi unánime a su presidenta, María Emilia Casas, y dieron por zanjada la polémica política y jurídica surgida tras la revelación de la conversación telefónica que mantuvo hace más de un año con una abogada a la que la Guardia Civil investiga por el asesinato de su marido. Los miembros del pleno del Constitucional, reunido en sesión extraordinaria, escucharon el largo relato y las explicaciones que Casas dio sobre estos hechos y emitieron un comunicado institucional «agradeciéndole la transparencia de su comunicación y reiterándole su confianza». La presidenta, que en todo momento defendió que creía que hablaba con una mujer maltratada y sin imputación penal alguna, contó con el apoyo rotundo y explícito de nueve de los diez magistrados -tanto progresistas como conservadores- y sólo Jorge Rodríguez-Zapata, una jurista muy enfrentado con Casas, prefirió no tomar posición alguna al respecto, para lo que arguyó motivos técnicos y de forma. Rodríguez-Zapata fue uno de los dos magistrados -el otro ya ha fallecido- que el año pasado se embarcó en una operación interna para intentar provocar la dimisión de Casas con la discusión sobre el recurso de inconstitucionalidad contra el estatuto de Cataluña como fondo de todo. La reunión, realizada a petición de la presidenta, se produjo tres días después de que el Tribunal Supremo dejase claro que el comportamiento de Casas no es merecedor del más mínimo reproche penal. El alto tribunal analizó los hechos después de que una juez de instrucción de Valdemoro (Madrid) le remitiese el mes pasado la transcripción íntegra de la charla telefónica entre ambas mujeres por si consideraba que podía constituir un delito. La conversación fue grabada dentro de la investigación policial del asesinato del marido de la letrada. El comunicado del Constitucional recoge que la mayoría de los magistrados expresó a la presidenta que «ni ella ni el tribunal deben sentirse afectados en sus respectivas legitimidades para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas». «Ni ella ni el tribunal deben sentirse afectados para el cumplimiento de sus funciones» COMUNICADO DEL TRIBUNAL