Zapatero pide «calma» y reitera que la financiación beneficiará a todos Montoro cree que el PSOE no es coherente con la solidaridad interterritorial

El Gobierno prepara el camino para un eventual retraso del acuerdo con las comunidades autónomas sobre la reforma del sistema de financiación, aunque confía en cerrar en tres meses el nuevo modelo y cumplir así el compromiso asumido la semana pasada por la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega. En un intento de rebajar la tensión de las últimas semanas a cuenta de la negociación, José Luis Rodríguez Zapatero pidió este miércoles «tranquilidad» a las autonomías hasta conocer el segundo documento de bases que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, someterá a debate en la comisión de Economía del Congreso, que se celebrará hoy. A falta de que Pedro Solbes dé a conocer los detalles de su propuesta, el presidente del Gobierno avisó en Galicia de que pactar el nuevo sistema «llevará su tiempo, como es lógico y razonable», pues se trata de un acuerdo complejo, que exige el liderazgo del Ejecutivo central y una participación «constructiva» de los gobiernos autonómicos. Tras visitar las obras del AVE gallego, Rodríguez Zapatero pidió a las instituciones y partidos implicados en la negociación que afronten el proceso «con tranquilidad», porque «todas las comunidades autónomas van a mejorar». Aunar voluntades El presidente del Gobierno admitió la dificultad para aunar voluntades en un proceso con tantos actores que ambicionan fórmulas distintas. Dificultad que ya impidió un acuerdo antes del 9 de agosto pasado, cuando venció el pazo de dos años establecido en el Estatut para pactar la nueva financiación de Cataluña, incumplimiento que irritó a las formaciones del tripartido -PSC, ERC e ICV- y a sus opositores de CiU. El Gobierno sostiene que no ha incumplido el 'Estatut', y argumenta que lo que dice esta norma es que debe haber un acuerdo con la Generalitat, pero no obliga a nada al Ejecutivo central. Rodríguez Zapatero señaló que ahora «hay que unir los intereses que lógicamente existen» y «armonizarlos para llegar a una propuesta equitativa». Como ejemplo de esas diferencias de criterio, aludió al enfrentamiento entre comunidades según su crecimiento o estancamiento demográfico, o en función de si su población está concentrada o dispersa, es joven o envejecida. La Generalitat catalana quiere que el nuevo sistema tenga en cuenta el aumento de un millón de personas experimentado en Cataluña en los siete últimos años. Ese planteamiento, que beneficia a Baleares y la Comunidad Valenciana, irrita a territorios como Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Aragón. Estos últimos temen salir perjudicados si a la hora de calcular el reparto de fondos se otorga más peso a la cuestión demográfica sin tener en cuenta factores como su reparto o edad. Además, las autonomías menos desarrolladas temen que se apliquen las limitaciones a la solidaridad interterritorial que contempla el Estatut catalán, que supondrían restringir los fondos dedicados a garantizar la cohesión a los gastos de sanidad, educación, dependencia y otros servicios sociales básicos. El portavoz de economía del PP en el Congreso de los Diputados, Cristóbal Montoro, señaló ayer que el PSOE no tiene una postura «clara, ordenada y coherente», a diferencia de su partido, con la solidaridad interterritorial. En rueda de prensa y en referencia a la financiación autonómica y a la comparecencia del vicepresidente económico, Pedro Solbes, de mañana en la Cámara Baja, Montoro ha dudado de que Solbes aclare la reforma del sistema, ya que el PSOE tiene «un debate bastante difícil de entender» con la solidaridad. «Donde gobierna -ha continuado- quiere restringirla», en referencia a Cataluña, «y en otros lados insiste en que el PSOE es el mejor garante de la solidaridad».