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Las líneas maestras del nuevo modelo
colpisa | madrid
Igual financiación en todas las autonomías para los servicios públicos fundamentales y suficiencia para el resto de competencias. Refuerzo a las prestaciones para el Estado de Bienestar. Incremento de la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal mediante el incremento de los impuestos cedidos.
Con el sistema vigente, el 70% de los recursos de las comunidades proviene de los impuestos cedidos parcial o totalmente por la Administración central. Con el futuro modelo, el 90 por ciento de los recursos procederá de lo que recaude cada autonomía.
De garantía de servicios públicos fundamentales que asegura igual financiación por habitante. De suficiencia global para financiar el resto de las competencias transferidas. De convergencia autonómica, que se subdivide en el de competitividad, que se repartirá entre las autonomías cuya financiación per cápita esté por debajo de la media o de su capacidad fiscal, y el de cooperación, destinado a equilibrar a las comunidades de menor riqueza.
El 50% del IRPF, en el modelo vigente es el 33%, y 50% del IVA, ahora es el 35%. El 58% de los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y carburantes, en la actualidad la cesión es de un tramo del 40%.
El Gobierno ofrece incrementar la potestad de las autonomías sobre los impuestos cedidos, en concreto sobre los mínimos imponibles en el IRPF, pero también sobre el IVA siempre que no se vulnere la normativa de la UE.
Están por determinar y tendrán que pactarse entre Hacienda y las comunidades autónomas en las negociaciones. El Gobierno ya ha anticipado que la población será el principal elemento de ponderación.
A partir de la presentación de la propuesta gubernamental se abre un proceso de negociación entre las autonomías y Hacienda de la que saldrá el texto definitivo que se someterá al Consejo de Política Fiscal y Financiera; una vez aprobado el modelo en este organismo, el Consejo de Ministros debe elaborar el proyecto de reforma de la ley orgánica de financiación autonómica que se tramitará en las Cortes; superado este trámite, cada comunidad debe aceptar en la respectiva comisión mixta con el Gobierno el nuevo sistema.