El PP vuelve a la carga con las escuchas ilegales, con matices

Cuando parecía que el PP quería aparcar la polémica de las escuchas ilegales para centrar la atención en su campaña de «persecución gubernamental», la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, volvió a la carga ayer martes e insistió en que sus conversaciones privadas han sido espiadas. Mientras la número dos del partido opositor insistía en estos términos, Esperanza Aguirre rectificaba sus acusaciones al ministro del Interior del pasado lunes y el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, aportaba nuevas interpretaciones a la denuncia por interceptación ilegal de comunicaciones.

Pero Cospedal no se desdice ni matiza y, en declaraciones a Telemadrid, reiteró sus sospechas de espionaje, explicó que identificó la publicación de sus conversaciones personales en un programa de televisión y señaló que los pinchazos telefónicos forman parte de la denuncia presentada por su partido el pasado 24 de julio. «Eso es algo que está ahora mismo en sede judicial», afirmó. Se negó de nuevo a facilitar nombres de otras personas espiadas pero dijo que se trata de «altos dirigentes» de su partido y apuntó que «existen pruebas por todas partes» de que el PP está siendo víctima de escuchas ilegales que después se filtran a los medios de comunicación.

Las denuncias de González Pons sobre las escuchas son distintas y están llenas de matices. En rueda de prensa posterior al comité de dirección celebrado esta mañana, el portavoz del PP sustituyó a la secretaria general y explicó que puede considerarse delito de escuchas ilegales la filtración de conversaciones telefónicas grabadas legalmente pero que fueron excluidas del sumario y, por lo tanto, deberían haber sido destruidas. Según González Pons, hay indicios suficientes de que «ha habido utilización en distintos grados y formas de conversaciones telefónicas», dentro de la persecución que atribuyó al Gobierno y que persigue que «el PP se sienta perseguido y no se sienta libre».

Puso como ejemplo el diálogo entre el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y Álvaro Pérez, empresario de la trama corrupta y propietario de Orange Market, en la que el político le confiesa al acusado investigado por los tribunales: «Te quiero un huevo». A la vista de su contenido, el juez excluyó la grabación del sumario del Caso Gürtel pero la transcripción fue filtrada y publicada. Algo similar ocurrió con la llamada telefónica interceptada a Pérez en la que comunicaba a uno de sus empleados que estaba comprando un bolso para regalarle a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.