Editorial | Alcaldes mineros, la última opción para lograr justicia

Nadie conoce como los alcaldes mineros la terrible injusticia que ha supuesto los sucesivos planes de reconversión e inversión que nunca llegaron en tiempo y forma. Algunas comarcas llevan en realidad décadas esperando, como en el caso de Sabero, probablemente el mejor ejemplo para entender el hartazgo y la postura decidida a no aceptar más promesas ni aplazamientos.

Es cierto que no son pocos los alcaldes que también tienen su parte de culpa. Han jugado a hacer política con los intereses de sus vecinos pasando de las posturas más críticas a las más condescendientes en función del partido que estaba en el Gobierno nacional. Quizá en su pecado llevan la penitencia. Han tenido su parte del pastel en forma de obras pero sin alcanzar el objetivo deseado, que era la revitalización de los municipios mineros con proyectos alternativos que creasen empleo para combatir la emigración.

Ahora afrontan el último tren. Ya no hay minas. De su capacidad para conseguir una verdadera transición, y que sea lo más justa posible, dependerá que las cuencas reciban lo que en justicia se merecen. La experiencia no invita al optimismo. Ni por los planes que nunca se hacen realidad. Ni por ese servilismo de los cargos públicos locales a los que en cuanto les llega la llamada al orden dan por bueno lo que sea.

España no puede conformarse con el dinero que le asigna Europa. Los alcaldes han alzado la voz. De su movilización dependerá el nivel de esfuerzo que realice el Gobierno para aumentar la cuota. Sería muy injusto que la Unión Europea premiase a los que conservan la minería energética y las térmicas, y que penalice a los que fueron pioneros en la descontaminación.

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