Diario de León
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El Gobierno aprobó esta semana una parte sustancial de la reforma de pensiones que impone definitivamente el criterio rector que a muchos nos parece irrenunciable: el pensionista ha de tener siempre la certeza de que mantendrá el poder adquisitivo de la pensión por la que haya luchado durante toda su vida laboral. Puede que con el vigente sistema de cuotas que pagan trabajadores y empresarios no pudiera sostenerse el modelo, pero nada impide que lo que falte se obtenga de los Presupuestos Generales del Estado, que en el capítulo de ingresos anota las cantidades que los ciudadanos deciden ceder mediante impuestos. De hecho, ya se ha avanzado en esta dirección cargando a los PGE las pensiones no contributivas y los gastos impropios de la Seguridad Social. Parece lógico retrasar prudentemente la edad de jubilación, en consonancia con la elevación de la esperanza de vida. Y desincentivar las jubilaciones anticipadas, que un día fueron utilizadas para disimular el desempleo. Con estos planteamientos, la reforma es atinada, y solo falta que se amplíe en lo posible el consenso que la sostenga y que debería ser lo más transversal posible.

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