Diario de León

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La moción de censura es un instrumento extraordinario para interrumpir la legislatura y examinar si los apoyos logrados en la investidura del presidente en ejercicio continúan vigentes. En nuestra organización electoral no son los votantes quienes eligen al presidente del Gobierno sino los diputados en el Congreso, lo que da sentido a revisar de forma extraordinaria los apoyos parlamentarios de que dispone. Según el artículo 113 de la Constitución, la moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte del Congreso (actualmente 35) y ha de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno. En estas condiciones el único partido que podría someter a Sánchez a esta medida es el PP. En teoría, el partido que presenta la moción entiende que el bloque de investidura ya no representa la voluntad popular, desengañada por una acumulación de irregularidades, con el fiscal general del Estado imputado; la esposa del presidente, investigada; arrepentidos que ponen al descubierto tráfico de influencias, cártel de negocios en la esfera del poder y presuntas corrupciones varias.

La pregunta es si la opinión pública está reclamando que el Gobierno dé cuenta, en un debate a corazón abierto, de las ilegalidades de las que le acusa la justicia. Es decir, que asuma la responsabilidad política de los escándalos que le señalan. Al no existir, de momento, una sentencia firme en los casos Koldo, Ábalos, Begoña, fiscal general, mascarillas etc, los grupos del bloque de investidura podrían argumentar que las acusaciones forman parte de una operación política para desgastar al Gobierno. El inconveniente es que partidos de Estado estarían señalando a las fuerzas de seguridad (UCO) y a los jueces como cómplices de la presunta campaña.

Pero en las actuales condiciones de polarización y hostilidad entre bloques, es una broma hablar de moción de censura. Nadie cambiaría de bloque. No hay prueba, acusación, filtración, confesión de arrepentido o pistola humeante, capaz de que alguien abandone al jefe. Únicamente cálculos electorales podrían cambiar el guion. Es el caso de Podemos y el PNV. A los primeros les interesan elecciones para aprovechar la caída de Sumar y a los segundos desmarcarse de un bloque izquierdista contrario a los intereses de las clases medias y empresariales que les apoyan. El escenario apropiado sería la negociación de los Presupuestos. Si no salen, PNV culparía a Podemos y Podemos culparía al PNV. Y ninguno podría ser acusado de hacer el juego a la derecha.

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