¿Prohibir la prostitución?

Ante las malas noticias que le llegan al PSOE sobre una significativa deserción del voto feminista a un partido de puteros ilustres, en la Moncloa han pensado que lo mejor es organizar cursillos de formación para que las mujeres sepan plantar cara a los acosadores y recuperar la fallida iniciativa legislativa con la que hace tres años se quiso abolir la prostitución. Con castigos ejemplares para los millones de puteros anónimos. Lo uno lleva a lo otro. Pero lo uno tiene difícil arreglo. Me refiero al hecho de prohibir por ley el ejercicio de la profesión más vieja del mundo. Si hablamos de regulación, nos entenderemos. Si hablamos de abolición toparemos con el dogma feminista que desarbola la presunta coherencia del PSOE en defensa de la mujer. Es el primer mandamiento del feminismo de izquierdas: la mujer es dueña de su cuerpo. ¿Y qué dicen las profesionales del sexo? Son cada vez más reivindicativas y menos sensibles al feminismo de frases enlatadas. El abolicionismo las dejaría fuera de la ley y las condenaría a la precariedad laboral. A estos efectos, son más de fiar que los Gobiernos e incluso que los representantes del pueblo soberano. Personalmente considero más creíbles a las propias trabajadoras, tal y como las vio Manu Chau en una bella, solidaria y descriptiva canción («Me llaman calle»). Al respecto me quedo con una reciente declaración de Carolina Yuste. Dice: «Debemos abrir el gran debate de por qué ser puta es denigrante». Al tiempo se pregunta por qué el estigma recae en las prostitutas y no en los millones de puteros anónimos de un país como España. La voluntad derogatoria no está generalizada. En la izquierda sigue el debate (¿prohibir o regular?) que cerró su paso al BOE en 2022. La entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, no estaba por la prohibición sin más, sino por la «autonomía económica» de las prostitutas y una educación sexual que desactive la demanda sin sancionar a los consumidores. Me parece más entrado en razón.